Los quince Estados miembros abordaron la cuestión en una reunión a puerta cerrada, en la que no se logró un consenso, y seguirán discutiendo en los próximos días con la fecha límite del 10 de julio a la vista.
Ese día vence el actual permiso del Consejo de Seguridad, que autoriza a Naciones Unidas y sus socios a entregar ayuda humanitaria a la población del último bastión opositor de Siria usando un cruce en la frontera con Turquía.
Rusia, el gran aliado del Gobierno de Bachar al Asad y que tiene poder de veto en el Consejo, ha defendido repetidamente que ese suministro debe terminarse y que todo el apoyo debe canalizarse desde Damasco, aunque sus diplomáticos se han mostrado abiertos a negociar.
Mientras, las potencias occidentales y la propia ONU insisten en la necesidad no solo de mantener abierto el cruce fronterizo con Turquía, sino que quieren reabrir otros que se clausuraron hace un año por insistencia rusa.
"Tenemos cuatro días, únicamente cuatro días, antes de que el acceso transfronterizo expire oficialmente, poniendo en peligro millones de vidas", subrayó este martes la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.
En declaraciones a los periodistas, Thomas-Greenfield defendió la importancia de mantener el cruce actualmente en uso y de recuperar otros dos que se han cerrado para apoyar a la población de otras zonas rebeldes, al tiempo que aseguró que su país ha propuesto un plan para reforzar las entregas humanitarias desde el interior de Siria.
Hasta ahora, según la ONU, esas operaciones humanitarias a través de las líneas del frente siguen sin materializarse y no pueden en ningún caso sustituir el tipo de asistencia que se está entregando desde el exterior.
La organización ha advertido que si se paralizan las operaciones desde Turquía habrá "consecuencias devastadoras" para la población de Idlib, el último gran reducto de la oposición a Al Asad en el noroeste del país.