"El Loco", como llaman a Martinelli sus seguidores, siempre ha mantenido su inocencia y se dice víctima de una "persecución política" de su sucesor en el poder, Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente y niega esa denuncia con el argumento de que respeta la separación de los poderes públicos.
El expresidente y fundador del partido Cambio Democrático (CD-opositor), segunda fuerza parlamentaria, llega a esta etapa final del proceso judicial con la particularidad de que es candidato a dos cargos en los comicios generales de mayo próximo por esa formación política: a la Alcaldía de la Ciudad de Panamá y a diputado de la Asamblea Nacional (AN).
La ley panameña solo impide la participación política en caso de que una persona haya sido condenada por un juez, lo que no le ha sucedido al exgobernante.
Pero en sí todo el caso ha sido peculiar. Comenzó en la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio de 2015, cuando el expresidente era diputado centroamericano y ya había huido del país alegando persecución política, pero el juicio se llevará a cabo en una corte ordinaria.
Eso luego de que el pleno de magistrados diera finalmente la razón a la defensa de que la renuncia de Martinelli a la diputación regional apenas llegó extraditado de Estados Unidos en junio de 2018, lo que sacaba el proceso del ámbito del Supremo.
Pero el pleno judicial dejó en firme todo lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía, el juez de Garantías en la llamada fase intermedia y quien sistemáticamente rechazó el pedido de la defensa de que el caso saliera del Supremo, con el argumento de que la presentación de la acusación en octubre de 2015 había anclado la causa en el máximo tribunal.
Este caso se ha prolongado por la ausencia de Martinelli, quien se fue de Panamá en enero de 2015 con el argumento de la persecución política, y regresó en junio de 2018 extraditado por Estados Unidos, donde libró encarcelado preventivamente una batalla judicial para impedir su entrega, de la que finalmente, y tras un año, desistió.
Tanto su llegada esposado como las decenas de audiencias de la fase desarrollada en el Supremo y de otras que han tenido lugar en el marco del sistema penal acusatorio (SPA) se transmitieron en directo, bien sea por los canales de televisión abierta como por internet, una situación que cambiará a partir del martes.
El Órgano Judicial ha informado que al juicio tendrán acceso los periodistas en un número reducido debido a cuestiones de espacio, y que "no será televisado" con base en un artículo del Código Procesal Penal que busca proteger "un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial, cuya revelación cause perjuicio grave".
El experto constitucionalista panameño Ernesto Cedeño comentó a Efe que la decisión del Órgano Judicial es jurídicamente viable, pues durante la presentación de pruebas saldrá a relucir información privada, dado que se trata de un caso de escuchas.
Sin embargo, el analista opinó que lo "ideal" hubiera sido que "todo el pueblo hubiera tenido la oportunidad de fiscalizar y ver el juicio", para cuyo desarrollo no existe un tiempo definido por la ley y se prevé sea largo por la cantidad de pruebas admitidas y el número de abogados que intervendrán.
El juicio "se puede prolongar uno o dos meses" pero por "el bien de las partes lo mejor sería que termine antes de las elecciones" generales del 5 de mayo, en las que Martinelli compite, añadió el analista.