Al participar en el Foro de Consulta Pública para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el funcionario federal aseveró que este proyecto es relevante e importante debido a que parte de los objetivos fundamentales que tiene dicha Ley ya están establecidos en estándares internacionales que señalan el parámetro de regularidad constitucional.
Durante los trabajos que se desarrollan en el Salón “Independencia” del edificio sede de la Procuraduría General de la República, el Subprocurador afirmó que este Foro tiene el propósito de atender las diversas propuestas y recomendaciones de los distintos sectores de la población y que las mesas de trabajo que aquí se realizan fueron correspondientes a organismos estatales, nacionales e internacionales, con los cuales se trabaja en una consulta pública para el análisis y la reflexión sobre el anteproyecto de Ley y así poder prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Académicos y expertos en Derechos Humanos, presentaron propuestas, correcciones y comentarios sobre proyectos de iniciativa. En ese sentido se contó con la colaboración de Alan García Campos, de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Oliver Dubois, Coordinador del Área de Protección de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en México; Javier Hernández Muñoz, Oficial de Cooperación Nacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Julieta Morales Sánchez, Directora General del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También participaron los Presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Morelos Distrito Federal, Guanajuato y Estado de México.
Por parte de los académicos estuvo Ileana Rodríguez Santibáñez, Directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey; Simón Pablo Herrera Bazán, del INACIPE; Emiliano Robles Gómez Mont, de la Escuela Libre de Derecho; Miguel Ángel Arteaga, de la Universidad Anáhuac del Norte; Antonio Becerril y Ricardo Franco Guzmán de la UNAM; Luis Ángel Benavides y Miguel Sarre Igíniz, ambos del ITAM; Ernesto Cárdenas Villarelo, del INSYDE.
Finalmente, Armando Martínez Gómez, Universidad del Pedregal; José María Aramburu Alonso, Universidad de La Salle; Paulina Aguilar Cervantes, American Bar Association Rule of Law Iniciative; Julio Antonio Hernández Pliego, Colegio de Abogados; Verónica Silva, FLACSO y Mariano Machain de Amnistía Internacional, hicieron sus aportaciones a esta misma causa.