La investidura de Trump del próximo 20 de enero estará patrocinada por varias de estas empresas, que han donado un millón de dólares o más al evento y celebrado reuniones con el magnate, quien mantiene su intención de controlarlas pero, con Elon Musk como aliado, también parece abierto a escuchar.
La señal más clara de que se suaviza la pugna entre la política y las tecnológicas llegó este mismo mes, cuando Trump y el CEO del gigante japonés japonés Softbank anunciaron que el banco invertirá 100,000 millones de dólares en EE.UU. durante su mandato y creará 100,000 puestos de trabajo, incluidos en inteligencia artificial (IA).
La IA, que las tecnológicas están desarrollando y aplicando a todos los aspectos de la vida, ha formado parte del escrutinio gubernamental, aunque de momento los esfuerzos regulatorios se han centrado más en las redes sociales por su efecto en los menores, y en los monopolios.
La Asamblea General de la ONU aprobó en marzo por unanimidad una resolución para la regulación internacional de la IA, reflejando un consenso inusual en una institución marcada por la discordia, aunque fue simbólico y a nivel ejecutivo el trabajo sigue en manos de cada autoridad.
En EE.UU., el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), reguladores antimonopolio, llevan años fijándose en Alphabet -la empresa matriz de Google-, Apple, Microsoft y Amazon, entre otros gigantes, independientemente del signo político.
Este año han logrado un fallo judicial contra Alphabet para separar la gestión del sistema operativo Android, el navegador Chrome y la tienda de aplicaciones Google Play, aunque se espera una batalla de apelaciones que recuerda al intento fallido de división de Microsoft hace dos décadas.
Mientras, EE.UU. ha acusado a Apple de dominar ilegalmente el mercado de teléfonos inteligentes; Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- enfrenta un juicio por adquirir a rivales emergentes y Amazon está luchando en los juzgados por sus políticas internas a vendedores y proveedores.
Las autoridades han obtenido ya resultados en la persecución de Meta por el impacto de sus redes en los más jóvenes: Instagram, por ejemplo, lanzó una cuenta más privada y restrictiva para los usuarios adolescentes, aunque no hay una regulación nacional y cada estado emprende sus acciones.
Aún es una incógnita quién dirigirá el Departamento de Justicia de Trump, pero este ha prometido cambios y ofrecido puestos a sus aliados; al frente de la FTC, el relevo de Lina Khan, denostada entre las 'Big Tech' por su mano dura, será Andrew Ferguson, descrito por el político como "pro-innovación".
Luces y sombras en los tribunales de Europa
En la Unión Europea, la española Teresa Ribera -'número dos' de la Comisión Europea- pronto tomará el testigo 'antimonopolio' de Margrethe Vestager, quien durante una década dirigió la poderosa cartera de Competencia y lideró numerosas investigaciones y sanciones sobre firmas tecnológicas.
Vestager, apodada 'tax lady' por Trump, fue muy activa en la persecución de monopolios digitales, como atestiguan las diversas multas a Google, entre ellas la más alta de la historia de la UE, de más de 4,000 millones de euros, por el caso Android; pero ese no fue único frente abierto contra estas empresas.
Bruselas también persiguió la evasión de impuestos a través de distintos acuerdos con Estados miembros de la propia UE que servían a las multinacionales para rebajar sus facturas fiscales al mínimo posible.
Entre ellas, destaca la decisión que obligó a Irlanda a recuperar más de 13,000 millones de euros en impuestos no pagados por Apple, un caso que tanto la empresa como Dublín recurrieron ante la Justicia europea, que dio la razón al Ejecutivo comunitario.
Ribera también tiene entre sus competencias la aplicación de una nueva herramienta de la UE para poner coto a los abusos de las plataformas digitales: la ley europea de mercados digitales (DMA, en inglés).
Esta nueva normativa antimonopolio, que busca garantizar unos mercados digitales "justos", identifica a las plataformas más populares como "guardianes de acceso", lo que conlleva mayores exigencias para evitar que impongan sus condiciones a firmas rivales y usuarios.
Algunas de esas 'guardianas' son Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft o Booking, a las que Bruselas podrá imponer multas de hasta el 10 % de sus ingresos mundiales si se niegan a cumplir con sus obligaciones bajo esta nueva legislación (e incluso el 20 % si reinciden).