El diputado federal del PRI, Jesús María Rodríguez Hernández señaló que el gobierno del Presidente Calderón pretende evadir su responsabilidad de preservar el ambiente de tranquilidad de los mexicanos en las próximas elecciones y garantizar la seguridad de los diferentes candidatos a puestos de elección popular.
A propósito de los diez puntos presentados por la administración calderonista, a través del responsable de la política interna del país, Alejandro Poiré, donde señala que se seguirá trabajando con el Consejo de Seguridad Nacional para evitar el riesgo de infiltración del crimen organizado en el proceso electoral, Rodríguez Hernández, aseguró que esa es obligación de la administración de Calderón aunque no haya comicios.
Añadió que ante el fracaso en el combate a la inseguridad, el gobierno federal llama a otras instancias a cerrar filas para evitar que la violencia permee en las campañas políticas, con la clara pretensión de compartir lo que es única y exclusivamente su responsabilidad.
Recordó que cuando el Presidente Calderón declaró la guerra en contra del crimen organizado al inicio de su administración, lo hizo en pleno uso de sus facultades, sin distingos y sin consultar a nadie, por lo que ahora sorprende que ante el clima de violencia y polarización que priva en casi todo el territorio nacional, el mandatario quiera evadir su responsabilidad haciendo llamados desesperados para compartir responsabilidades, añadió.
Por otra parte el legislador criticó la pretensión del titular de Gobernación de querer establecer compromiso compartido con gobernadores en la lucha contra la delincuencia, cuando Calderón no los tomó en cuenta al dar inicio a lo que fue su obsesión a lo largo de su administración: el combate al crimen organizado.
Y es que ante los pobres resultados alcanzados a lo largo de estos casi seis años, el mandatario federal, a través de su secretario de despacho, pretende involucrar a los distintos actores de la República en tareas indispensables en materia de seguridad, esto es, a gobernadores e incluso a los Poderes Legislativo y Judicial, aclaró el legislador.
Precisó que desde el Congreso de la Unión, los legisladores han contribuido en la aprobación de recursos extraordinarios para el combate a la delincuencia y han reformando leyes para endurecer el castigo a los delincuentes.
Sin embargo, puntualizó, el gobierno federal ha respondido con el regateo de recursos a entidades, especialmente a las gobernadas por otro partido diferente al suyo, como sucedió en Michoacán recientemente.
Por último, el legislador por Querétaro cuestionó la pretensión gubernamental de establecer “constante comunicación” con las distintas autoridades electorales del país para que el proceso se lleve a cabo con equidad y transparencia, lo que calificó como un claro intervencionismo y dejando al descubierto su visión centralista, cuya práctica no cesa desde el inicio de su administración.