Se rompe el consejo de ONG más crítica con estrategia anticrimen de Calderón

El consejo de México Unido contra la Delincuencia (MUCD) quedó dividido al retirarse del mismo 9 de sus 16 miembros alegando "falta de transparencia" en las cuentas y la presencia de "grupos de poder" que sacrifican los principios de la ONG, informó hoy su expresidente Eduardo Gallo.

Etiquetas: 

00013599-original.jpeg

Eduardo Gallo.

En una rueda de prensa, el activista y empresario anunció el próximo lanzamiento de una nueva organización que intentará rendir cuentas plenamente a la sociedad y de "estar con quien más lo necesita" en materia de inseguridad.

Gallo dijo que ocho consejeros y él mismo renunciaron el pasado 16 de marzo al consejo directivo que cuando asumió el cargo el 15 de julio de 2010 integraban veinte consejeros.

Cuatro salieron del consejo en los primeros meses de su gestión y ahora lo han hecho otros nueve por "diferencias fundamentales irreconciliables" entre sus principios y los de la ONG.

Gallo dirigió sus críticas a la anterior presidenta, Ana Franco, quien nunca les aclaró debidamente el "estado de insolvencia" en que dejaba la ONG, ni sus cuentas.

El activista recordó que MUCD se nutre de contratos con organismos privados y públicos y de contribuciones de socios y simpatizantes, y que ya no podía "exigir transparencia y rendición de cuentas" si no estaba dispuesto "a darla y a ofrecerla".

Otro de los puntos que lamentó es que "grupos de poder" dentro de la ONG estén intentando "privilegiar más a las clases más pudientes y menos a las más necesitadas" en las estrategias de MUCD contra la inseguridad y están incómodos por la posición crítica de Gallo con el gobierno mexicano.

Señaló que en particular han incomodado sus ataques a la estrategia contra el crimen organizado del presidente Felipe Calderón y su oposición a la presencia del Ejército en labores de seguridad pública.

Tampoco gustó un pronunciamiento emitido en febrero pasado a favor de que se respeten plenamente los derechos de los mexicanos o extranjeros procesados en el país.

Este último punto tiene relación con varios casos, entre ellos con la condena a 60 años de cárcel por secuestro impuesta a la francesa Florence Cassez, que Gallo considera no apegada a derecho ni respetuosa de los derechos de la francesa.

"Nosotros estamos convencidos de que Florence Cassez no es culpable. Estamos convencidos de que se fabricaron pruebas para inculparla. ¿Cuáles fueron los motivos? No lo sé", explicó en entrevista con Efe el activista en febrero pasado.

Sobre los planes futuros de los dimisionarios dijo que tratarán de crear otra ONG con un compromiso "con todas las mexicanas y mexicanos" en materia de seguridad.

"Es mejor construir un nuevo edificio que tratar de construir encima de esta casa un edificio completo porque los cimientos no están para eso", añadió.

"Yo espero y quisiera que haya muchos asociados en esa organización y que podamos verdaderamente representar los intereses y los sentires y los deseos y las necesidades de todas las mexicanas y los mexicanos", concluyó.