Las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, presentaron la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya de Yucatán.
En 2003 se aprobó la Ley federal con la que se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y que obliga a los estados a que un plazo máximo de dos años cree sus propios organismos.
El 15 de abril de 2008 se presentó la Ley Reglamentaria de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, que garantiza los derechos de los habitantes de la etnia autóctona en materia de salud, educación y seguridad, entre otras áreas.
En rueda de prensa, legislador indicó que, sin embargo, diferencias de las bancadas del PRI y PAN habían frenado la creación de una norma que beneficie a la comunidad maya yucateca.
Expuso que el objetivo de la ley es garantizar a la comunidad maya de Yucatán el acceso a la justicia basada en sus tradiciones, es decir, mediante la aplicación de sus propias formas de solución de conflictos internos, pero de conformidad con las bases establecidas en la Constitución Política Federal.
Además, se definen los mecanismos tendientes a impulsar a las actividades productivas sociales y culturales, encaminadas en dar atención a las prioridades que los integrantes de la comunidad maya definan para sustentar su desarrollo.
Una de las nuevas figuras que crea esta ley es una autoridad nombrada por la comunidad maya, investida de imparcialidad y neutralidad llamado “Juez Maya”, que estará encargado de la impartición de la justicia en las comunidades indígenas.
Por su parte, el coordinador del PVEM, David Ramírez y Sánchez, informó que la propuesta establece la elaboración, mantenimiento y actualización del Registro Estatal de Comunidades Mayas en el Estado.
Ese trabajo estará a cargo del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), en coordinación con las autoridades municipales, mediante acciones registrales que se implementarán por conducto de jueces mayas.
Una vez aprobada la iniciativa, el poder ejecutivo deberá expedir un reglamento relativo a la ley en un plazo máximo de 90 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, continuó.
Asimismo, el Indemaya deberá implementar en un plazo no mayor de 180 días un programa que contenga lineamientos, objetivos y metas para la elaboración del diagnóstico integral de los municipios donde existan comunidades mayas.