La bancada del PRI oficializó ante la Comisión Permanente del Congreso, la iniciativa para eliminar las figuras de arraigo, testigos protegidos y la reserva de actuaciones en la investigación en los procesos penales.
Argumentó que con la aprobación de esta iniciativa de reformas a la Constitución, “no sólo se reafirma nuestro sistema de protección a los derechos fundamentales, sino que también se da respuesta a un reclamo de la comunidad internacional hacia nuestra nación”.
El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro advirtió que las autoridades tienen una doble responsabilidad: reducir y abatir los índices de criminalidad, y respetar y resguardar el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sin embargo, “con el afán de generar una cultura de denuncia entre la sociedad, el sistema penal acusatorio emplea instrumentos y medidas que propician un embate de violaciones y atropellos a las garantías individuales en manos de las propias autoridades”.
“En los últimos años, bajo la misión de frenar y combatir la delincuencia, las autoridades encargadas de la investigación y persecución de delitos, así como las responsables de la administración de justicia, han recurrido a instrumentos y medidas que restringen y vulneran los derechos fundamentales de las personas”, apuntó el legislador priista.
Moreira Valdez citó como un claro ejemplo de ello, las figuras jurídicas del arraigo y de los testigos protegidos, al tiempo de enfatizar que el proceso penal y judicial que priva en México se encuentra plagado de errores y abusos.
Ello, toda vez que “nuestro orden jurídico privilegia la reserva y resguardo de las actuaciones de la investigación, así como de los elementos probatorios bajo el discurso de ser imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación”.
“El arraigo constituye una violación a la garantía de libertad, pues aunque no existan datos que conduzcan a establecer la probable responsabilidad penal de una persona, se ordena la privación de su libertad, sin que al efecto se justifique tal detención”, detalló.
En ese sentido, recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó en su último informe a los legisladores y al Estado mexicano suprimir la figura del arraigo.
Mencionó además el caso de los 30 ex funcionarios de Michoacán acusados hace un año de presuntos nexos con el crimen organizado, de los cuales por lo menos una tercera parte ya han sido liberados por falta de pruebas.
A su vez el legislador del PAN y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, José Luis Ovando presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
Explicó que el objetivo es fortalecer una adecuada administración de justicia y ofrecer una verdadera readaptación a los menores, con el fin de evitar se conviertan en delincuentes cuando sean adultos.