Obligaciones de transparencia de los partidos políticos deben quedar con claridad en la legislación secundaria: Javier Acuña

La legislación secundaria en transparencia, pendiente de ser aprobada por el Congreso de la Unión, debe establecer con claridad las obligaciones que tendrán los partidos políticos para informar y rendir cuentas del financiamiento público que reciben y transparentar su estructura y vida institucional, propuso el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) Javier Acuña Llamas.

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El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No es posible pretender que los partidos se presuman transparentes si sólo ofrecen vistas parciales sobre el uso de recursos públicos”, dijo, al participar en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el panel “Impacto de la reforma constitucional de transparencia en el ámbito político-electoral”, el comisionado señaló que los partidos políticos deben exhibir su estructura, hacer públicas sus asambleas y sus actas, y todos los procedimientos ordinarios que llevan a cabo.

Subrayó que pese a que la Ley General de Partidos Políticos establece que existe la obligación de hacer pública información de oficio en sus portales de internet y que el Tribunal Federal Electoral ha establecido distintos criterios sobre el acceso a la información, hay obligaciones que aún no han sido definidas.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas dijo que ese es el reto que enfrenta el IFAI y en el cual trabaja con organizaciones de la sociedad civil y con los propios partidos, a fin de presentar a los legisladores una propuesta de Ley General en la que se definan las obligaciones de los partidos políticos como sujetos obligados y se delineen las competencias y los alcances del órgano garante.

Manifestó que el contenido de dicha ley deberá establecer también los mecanismos a implementar por los partidos políticos para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como las medidas de apremio por el incumplimiento de sus obligaciones.

En el panel, moderado por Luis Emilio Giménez Cacho, coordinador de asesores del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, participaron José Woldenberg, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Felipe de la Mota, secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en representación de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.