Esta oficina (del Acnudh) hace votos para que el debate que se inicie en el Congreso (...) avance decididamente a establecer y garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles", indica un comunicado.
Ayer el presidente de México envió al Senado una iniciativa de ley para que los militares que cometan delitos de desaparición forzada, tortura y violación sean enjuiciados en tribunales civiles, algo que ahora no sucede.
El Ejecutivo ha propuesto adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que quede armonizado con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) así como con la Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Hoy la ONU dijo que tomaba "muy atenta nota" de la propuesta, que considera un "paso necesario" para afirmar la voluntad política del Gobierno mexicano de dar cumplimiento a tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ha pedido a este país "modificar su código de justicia militar".
Los casos son el Rosendo Radilla Pacheco contra México, del 23 de noviembre de 2009, el Inés Fernández Ortega contra el Estado mexicano, del 30 de agosto pasado, y el de Rosendo Cantú contra este país, del 31 de agosto, en los cuales estuvieron involucrados militares en desapariciones forzadas torturas y violación.
Por su parte la AI calificó en otro comunicado de "insuficiente" la iniciativa porque "sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan".
La organización insta a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la CorteIDH.
"Sólo así el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos", agregó la ONG.
Según AI, la propuesta de Calderón "parece preservar la justicia militar para todos los demás abusos de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad".
Sobre el mismo asunto el secretario técnico para Seguridad del Gobierno, Alejandro Poiré, dijo en rueda de prensa que la iniciativa "moderniza" la justicia militar y con ello "México se pone al día en los estándares normativos internacionales en la materia".
El alto funcionario dijo que era pertinente que los demás "delitos puedan ser perseguidos por la propia justicia militar, puedan seguir en el ámbito del fuero militar para garantizar la disciplina".
Calderón, quien asumió en diciembre de 2006, inició una guerra contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico, enviando a miles de soldados y agentes federales a los puntos conflictivos, estrategia que ha sido criticada por defensores de derechos humanos.
Organizaciones civiles han señalado a militares como responsables de violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra contra los carteles de las drogas.