Las acciones realizadas en coordinación con distintas dependencias también permitieron a la PROFEPA poner a disposición del Ministerio Público Federal a 3 personas, por transportar inadecuadamente dichos residuos.
Durante el operativo se revisaron 5,307 cargamentos con presuntos materiales y residuos peligrosos de mercancías reguladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de los cuales, 4,464 corresponden a revisiones en puntos carreteros, 516 en aduanas marítimas y 327 en aduanas terrestres.
El Cuarto Operativo Nacional se realizó los días 6 y 7 de agosto y se enfocó principalmente a detectar comercio ilegal de residuos peligrosos a través de empresas no autorizadas para dicho fin; identificar irregularidades en el transporte de materiales y sustancias peligrosas; y asegurar un manejo ambientalmente adecuado de los mismos.
Fue coordinado por la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la PROFEPA y contó con la participación de 251 inspectores, así como 321 elementos de distintas dependencias de seguridad: 109 de la Policía Federal (PF), 6 de la Procuraduría General de la República (PGR), 1 Ministerio Público, 43 elementos de la Policía estatal, 26 de la municipal, 83 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 5 de la Secretaría de Marina (SEMAR) y 48 elementos de la Administración General de Aduanas.
Cabe destacar que un residuo es considerado peligroso si aparece en la Norma Oficial Mexicana NOM-052- SEMARNAT-2005 y tiene alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, inflamabilidad y toxicidad, así como envases, recipientes, embalajes que los hayan contenido y suelos contaminados con estos residuos.
El objetivo de estas acciones es evitar un posible riesgo ecológico, por el manejo inadecuado de éstos, garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y vigilar la aplicación Código Penal Federal.
Dicho Código dispone en su artículo 414 que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa al que ilícitamente, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o efectúe cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas.
Asimismo, el Artículo 420 Quater de ese ordenamiento señala que se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa más, a quien transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo considerado como peligroso a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo.