El alto oficial señaló que ambas aeronaves seguían una misma ruta procedente de Guyana, en la frontera oriental venezolana, y buscaban atravesar el país hacia el occidente, pero la actuación de los sistemas de defensa permitió la intercepción e "inmovilización" de los aparatos.
El primer incidente habría ocurrido el sábado 30 de noviembre, cuando una aeronave fue detectada utilizando el espacio aéreo de manera ilegal y "se procedió en consecuencia ordenando a los aviones de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) con el propósito de asistir a la aeronave incursora", explicó.
Sin embargo, la aeronave, un jet ejecutivo marca Liberjet modelo 35, habría aterrizado en una pista clandestina en Apure (occidente), donde sus ocupantes huyeron. La pista y la aeronave fueron destruidas el día siguiente.
La segunda aeronave recorría la misma ruta y de igual manera fue interceptada por la Aviación Militar.
"Anoche, 2 de diciembre, a las 17:40 horas, fue detectada por el mismo sistema nuestro de defensa aeroespacial otra aeronave con la misma ruta, proveniente de la misma ruta, de la Guyana Esequiba (...) Se procedió de inmediato con el mismo procedimiento, se desplegaron los aviones de nuestra Aviación Militar Bolivariana (que) hicieron la intercepción respectiva", explicó.
Los cazas lograron que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto de San Fernando de Apure, donde "una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (...) detuvo a dos personas, los dos pilotos, un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana".
El general indicó que la aeronave cargaba 60 litros de combustible y una cantidad "apreciable" de dólares, aunque no aclaró el destinó del aparato interceptado.
Padrino López destacó que estas medidas han sido posibles gracias a la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir el tráfico de drogas, que se ha saldado con numerosos detenidos y la destrucción de 82 pistas clandestinas.
Venezuela aprobó una ley este año que permite la destrucción de aeronaves que sobrevuelen ilegalmente su espacio aéreo como parte de una política para combatir el tráfico de drogas, que de momento se ha saldado con la destrucción de más de 30 avionetas, según datos del gobierno.