Tailandia inaugura un Gobierno electo continuista tras 5 años de régimen militar

Los miembros del nuevo Gobierno de Tailandia, surgido de las elecciones del 24 de marzo, juraron este martes sus cargos, con lo que el régimen militar iniciado con el golpe de Estado de 2014 llegó oficialmente a su fin, a pesar del continuismo del nuevo Ejecutivo.

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La ceremonia tuvo lugar a puerta cerrada y sin cámaras en torno a las cinco de la tarde en el Salón del Trono de Amporn Satharn, en el centro histórico de Bangkok, tras lo cual el Gabinete de ministros posó para la prensa frente a la Casa de Gobierno y volvió a desaparecer de los focos para mantener su primera reunión.

El nuevo Ejecutivo tiene un carácter continuista y está encabezado por el primer ministro, Prayut Chan-ocha, el general golpista que lideró tanto la asonada de hace cinco años como la junta militar que ha gobernado desde entonces y además ejercerá a partir de ahora el cargo de ministro de Defensa.

"Tailandia es ahora un país totalmente democrático. La Constitución salvaguarda derechos y libertades de acuerdo con los criterios internacionales más elevados y los problemas pendientes se resolverán mediante procesos democráticos y sin aplicar ningún poder especial", dijo anoche en un mensaje retransmitido por la televisión estatal Prayut, que hoy no hizo ninguna declaración pública.

El nuevo gobierno consta de 20 ministros, 5 vice primer ministros y 13 viceministros, entre los que se cuentan once miembros de la junta militar y de la coalición parlamentaria de 19 partidos que -junto a un senado elegido a dedo por los generales- votó a Prayut como primer ministro el pasado 11 de junio.

El primer ministro comparecerá a finales de este mes ante el Parlamento para anunciar las políticas que pretende impulsar su gobierno.

La toma de posesión del gobierno electo fue precedida por la revocación de setenta órdenes y anuncios con las que la junta militar ha gobernado desde la asonada y que sirvieron, entre otros, para perseguir toda actividad de oposición política o imponer la censura a los medios de comunicación.

La organización Abogados Tailandeses para los Derechos Humanos denunció que pese a la disolución de la junta gran parte de sus órdenes, otras seguirán en vigor, incluidas las que autorizan a las autoridades militares a detener civiles sin supervisión judicial.

El ejecutivo se formó tras una larga negociación entre el Palang Pracharat, partido promilitar que propuso a Prayut como jefe de gobierno y el segundo con más diputados, y el resto de partidos de la coalición, entre ellos el Partido Demócrata, el más antiguo del país, y el Partido Bhumjaithai, que ha convertido la legalización de la marihuana en la protagonista de su programa político.

La votación parlamentaria a Prayut no estuvo exenta de polémica, ya que la Comisión Electoral (CE) no hizo públicos los resultados electorales hasta dos meses después de los comicios.

La CE no decidió qué método utilizaría para repartir los escaños del Parlamento a partir del voto popular hasta después de que se hubieran celebrado las elecciones y dicho método benefició a varios partidos pequeños que finalmente se unieron a la coalición pro-Prayut.

Con la promesa de "devolver la felicidad al pueblo", Prayut lideró el golpe de Estado de 2014 tras meses de protestas contra el Gobierno del Partido Puea Thai, vinculado al polémico ex primer ministro Thaksin Shinawatra, expulsado del poder por los militares en 2006 y en el exilio desde 2008.

Tailandia lleva más de un decenio inmersa en un conflicto entre los partidarios de Thaksin, popular entre la empobrecida población rural del norte del país gracias a sus políticas sociales, y sectores conservadores encabezados por las élites tradicionales de Bangkok y el Ejército, que veían en el autoritario y ambicioso Thaksin una amenaza a su poder y a la reverenciada monarquía.

Desde el principio de su mandato, el general golpista prometió que convocaría elecciones en un breve periodo de tiempo, pero éstas se retrasaron durante cinco años, durante los cuales la junta militar redactó una nueva constitución, aprobada en un referéndum en 2017, y prohibió cualquier tipo de oposición a su régimen.