Fernández de Kirchner debía presentarse este viernes en los tribunales de Buenos Aires para que registraran sus huellas dactilares en el marco de la investigación por el presunto delito de “administración infiel con perjuicio al Estado” que encabeza Bonadío.
La jornada estuvo marcada por la tensión, ya que la ex presidenta solicitó la postergación del trámite debido a que se encontraba en la patagónica ciudad de Río Gallegos, en donde reside, y se quedó allá pese a que el juez se negó en principio a cambiar la fecha.
Bonadío insinuó incluso que podría obligar a Fernández de Kirchner a acudir a los tribunales, es decir, llevarla por la fuerza a través de un operativo policiaco.
El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, advirtió que si el juez “ordenara traer a mi representada por la fuerza pública, habrá de consumar una privación ilegal calificada, circunstancia que desde ya dejo debidamente asentada".
A las once de la mañana, hora de la cita, ya era un hecho que la ex presidenta no acudiría a tribunales porque seguía en la Patagonia, pero de manera sorpresiva se presentó en un juzgado de Río Gallegos y pidió cumplir ahí con el trámite.
Las autoridades, sin embargo, se negaron porque el caso no está radicado ahí, por lo que más tarde Bonadió la volvió a citar para el próximo martes bajo amenaza de que si acude, ahora sí será trasladada por la fuerza pública.
Bonadío, un magistrado conocido por su antikirchnerismo, fue el primer juez en imputar y procesar a la ex presidenta después de que ella dejó el cargo en diciembre pasado.
El juez la investiga por una causa denominada “dólar a futuro” que perjudicó al Estado a partir de una operación financiera con la divisa realizada por el Banco Central durante su mandato.