Representantes legales del Grupo Clarín puntualizaron hoy que la denuncia, por "incitación a la violencia colectiva" y "coacción agravada", no acusa los periodistas sino que los cita como testigos, mientras que organizaciones profesionales y humanitarias aseguraron que están incluidos en la demanda.
Hugo Wortman Jofré, abogado de Clarín, aclaró que la denuncia "no es contra los periodistas" y "no se refiere a ellos como imputados, sino para que vayan a dar la información que tienen" sobre el origen de mensajes que acusan al grupo de "atentar" contra la democracia.
Una declaración cuestionada por el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbistsky, que aseguró que los "periodistas fueron denunciados e igualados con funcionarios" y adelantó que la organización humanitaria se hará cargo de su defensa.
La denuncia de Clarín, enfrentado con el Gobierno por la aplicación de la Ley de Medios que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre, afecta a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario de Presidencia, Carlos Zannini, a parlamentarios y también a seis periodistas considerados próximos al oficialismo.
"No es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", advirtió hoy el CELS en un comunicado.
También el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó hoy la denuncia y consideró que representa "una clara afrenta a los principios de libertad de expresión".
"Es contradictorio que una empresa para cuya tarea es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas", lamentó en un comunicado.
Según FOPEA, "en ningún lugar de la presentación judicial formulada por el Grupo Clarín se menciona a los periodistas como testigos". En cambio, sí son identificados entre los "principales propaladores del mensaje gubernamental", lo cual los haría parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia, de "quienes incitan a la violencia colectiva".
El grupo Clarín mantiene una dura batalla legal contra el Gobierno por la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales que, según el Ejecutivo, obligará a la empresa a deshacerse de varios de sus canales.
El pasado jueves, Clarín solicitó a la Corte Suprema de Justicia que retrase la entrada en vigor de la normativa más allá del 7 de diciembre, mientras el ministro de Justicia denunció que el grupo "busca no cumplir" con la Ley de Medios.
La ley fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35 por ciento del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 por ciento de abonados en televisión de cable, diez licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Según un informe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58.61 por ciento de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica.
El Gobierno ha anunciado que cuando venza la medida cautelar, el próximo 7 de diciembre, sacará a concurso público las licencias que excedan el máximo permitido de los grupos que no se hayan adecuado de forma voluntaria a la ley.
Clarín sostiene que no desinvertirá y considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país.