A la vez, el presidente Nicolás Maduro afirmó que la derecha opositora pretende llevar al país a una guerra civil, a través de las protestas violentas, para justificar una intervención del ejército estadounidense.
Mientras, el cardenal Jorge Urosa exhortó a Maduro a reconocer los problemas del país que esperan solución, en medio de la ola de protestas opositoras.
López fue imputado en la cárcel para procesados militares de Ramo Verde, en la ciudad vecina de Los Teques, y la jueza del caso determinó que será enjuiciado estando preso.
La medida contra el dirigente del partido Voluntad Popular mantuvo viva la ola de protestas en Caracas y otras ciudades, que en una semana han dejado al menos cinco muertos y más de 100 heridos y detenidos.
En la capital, varias zonas residenciales pasaron una jornada con escombros en las vías, humo de incendios y gases lacrimógenos, tras una noche de protestas. En las redes sociales aumentaron las denuncias sobre incursiones de los grupos armados afines al gobierno, llamados "colectivos", que aterrorizaban con sus armas.
López envió un mensaje por Twitter confirmando su situación: "Termina la audiencia. Ratificada medida privativa de libertad. El cambio está en cada uno de nosotros. No se rindan. Yo no lo haré".
"A mis amigos de la unidad (alianza opositora Mesa de Unidad) que aún dudan: si esto no es dictadura, díganme entonces ¿qué es?", añadió López, quien se entregó voluntariamente a las autoridades el martes.
El gobierno lo acusa de haber instigado las protestas violentas con el objeto de buscar el derrocamiento de Maduro.
López enfrentará tres cargos por instigación de las protestas, pero no será acusado por homicidio y terrorismo, como se planteó al principio, dijo hoy su abogado.
Mientras López confirmó que será enjuiciado en la cárcel, al ser rechazada la petición de su encausamiento en libertad, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso) planteó la suspensión de la inmunidad de la diputada opositora María Corina Machado, quien ha llamado a mantener las protestas en la calle.
Asimismo, el partido Voluntad Popular denunció que los tribunales también ordenaron el arresto de dos de sus dirigentes, el responsable político Carlos Vecchio y el general retirado Antonio Rivero, por supuestamente organizar las protestas violentas.
El abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, informó que en la audiencia para la formulación de cargos fueron eliminadas las acusaciones por homicidio y terrorismo.
El gobierno lo acusa de haber instigado la violencia con el objeto de buscar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, principalmente por lo ocurrido el 12 de febrero en la Fiscalía, adonde llegó una marcha opositora que degeneró en violencia y dejó tres muertos y 66 heridos.
En la tarde, Maduro afirmó que la "derecha" opositora pretende llevar al país a una guerra civil, a través de las protestas violentas que se han esparcido en la última semana con muertos y heridos, a fin de justificar una intervención del ejército estadounidense.
"Somos víctima de la agresión de un grupo de la derecha que pretende llevarnos a una guerra civil para justificar la intervención de Estados Unidos y así apoderarse de nuestras riquezas", aseveró.
En el Asamblea Nacional, el primer vicepresidente Darío Vivas, dijo que recibió 10.000 firmas para solicitar el suspensión de la inmunidad de Machado, quien junto a López planteo que la "salida" a la crisis del país está en las protestas en la calle.
"Aquí están los votos suficientes para quitarle la inmunidad parlamentaria a esa señora", aseveró.
Al mismo tiempo, el cardenal Jorge Urosa exhortó a Maduro a reconocer los problemas del país que esperan solución, en medio de la ola de protestas que ha dejando muertos y heridos.
Urosa celebró que Maduro se manifestara dispuesto al diálogo con la oposición, pero subrayó la necesidad de reconocer las dificultades que enfrentan los venezolanos.
"Sería un gran paso (el diálogo), pero por otra parte es necesario que se reconozca que hay muchos problemas graves en el país y que deben ser resueltos, la solución la tiene en sus manos el gobierno nacional", indicó.
La Cancillería emitió un comunicado en el que el gobierno repudió las declaraciones de Obama sobre la situación política del país, las cuales calificó como una "grosera injerencia" en los asuntos internos. (DPA)