Dos palestinos de Jerusalén Este mataron a cinco personas durante el ataque a una sinagoga hace una semana, antes de ser abatidos por la policía.
La mujer había recibido un permiso de residencia para vivir en Jerusalén Este en el marco de una medida de reunificación familiar, según se dijo.
Ahora tendrá que volver a su lugar de origen en Cisjordania y perderá todos los derechos sociales que tenía en Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al líder de una comisión parlamentaria elaborar un borrador legislativo que permitiría fuertes medidas contra atacantes, entre otros la retirada de la ciudadanía y la de los familiares que manifiesten su apoyo a los ataques perpetrados por su pariente.
Además los atacantes perderán su derecho a recibir pagos de la seguridad social y se quedarán si carnet de conducir durante 10 años. Tampoco Israel estará obligado ya a entregar los cadáveres de los atacantes a sus parientes, que sin embargo serán enterrados sin permitir el acceso de sus familiares al funeral o a su tumba.
Las autoridades podrán también cerrar los negocios de los propietarios que expresenapoyo al terrorismo y a los empresarios se les permitirá despedir a atacantes sin necesidad de pagarles compensación alguna.
La derecha apoya las medidas para enfrentar una reciente ola de ataques, pero otros las critican al considerarlas antidemocráticas. (DPA)