La XVIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) fue inaugurada este jueves en la ciudad de Valparaíso por la ministra de Justicia de Chile, Patricia Pérez, y por el secretario general de COMJIB, el español Víctor Moreno Catena.
En esta cita se analizarán propuestas para superar los desafíos pendientes en la región, entre los que destaca la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que obliga a los Estados a acometer acciones conjuntas para combatir el crimen de forma eficaz.
Según explicó el secretario general de la COMJIB, en esta cita también se debatirá sobre la reforma de los sistemas penitenciarios, dado que el hacinamiento carcelario es un problema muy extendido en América Latina.
En el caso de Chile, según detalló a Efe la ministra Pérez, se logró reducir la población penal a 49,000 personas en 2012, frente a las 55,000 registradas en 2010, cuando un incendio en el que fallecieron 81 presos puso de manifiesto las deficiencias del sistema.
Esa disminución se logró a través de diversas medidas, entre ellas la iniciativa de cambiar las multas por trabajos comunitarios, ya que hasta ahora muchas personas que no tenían dinero para pagar esos montos terminaban yendo a prisión.
"Eso no ha ido de la mano de un aumento de la victimización: de 2011 a 2012, más de 170,000 familias dejaron de ser víctimas de delitos", resaltó la titular de Justicia, que defiende una "utilización racional de la cárcel".
En tercer lugar, los ministros y viceministros analizarán medidas para mejorar el acceso a la justicia, especialmente de aquellos grupos sociales más vulnerables.
"En esta materia, hemos aprobado un plan modelo de acceso a la justicia y estamos haciendo proyectos en Brasil y en Ecuador de medios alternativos para situaciones de conflicto", explicó Moreno.
A esta cita, cuyas reuniones de trabajo se desarrollan en la ciudad costera de Viña del Mar, vecina a Valparaíso, asisten entre otros los ministros de Justicia de España, Alberto Ruiz-Gallardón; de Colombia, Ruth Stella Correa, y de Perú, Eda Rivas.
También participan los procuradores generales de México, Jesús Murillo, y de República Dominicana, Francisco Domínguez, y viceministros o subsecretarios de las carteras de Justicia de Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Nicaragua.