El juez Claudio Bonadío dio a conocer este martes el segundo procesamiento judicial que enfrenta la exmandataria desde que dejó el cargo en diciembre de 2015 y el primero para sus hijos Máximo y Florencia.
En el fallo, el juez imputó a Fernández de Kirchner los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles, le impuso un embargo de 130 millones de pesos (unos ocho millones de dólares) y le prohibió salir del país.
Bonadío acusó a la expresidenta de ser "autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad y de negociaciones incompatibles por ser funcionaria”.
Bonadío, juez que ha mostrado un efusivo antikirchnerismo, también procesó a Máximo y Florencia Kirchner, a Romina Mercado (sobrina de la expresidenta), a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y a otros 13 acusados.
Ahora sólo resta esperar el inicio del juicio de la causa conocida como “Los Sauces”, nombre de una empresa inmobiliaria fundada por los Kirchner y que obtuvo sus mayores ingresos gracias a que les alquilaron inmuebles a empresarios.
Estos empresarios les pagaron millones de pesos a los Kirchner mientras al mismo tiempo eran beneficiados con contratos de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2012).
La hipótesis que maneja Bonadío es que, en realidad, esos empresarios alquilaban propiedades de los Kirchner como una manera de entregarles un “retorno” (es decir, soborno) como pago por los millonarios contratos públicos recibidos.
Cuando declaró en tribunales, Fernández de Kirchner alegó que los alquileres eran “reales y genuinos” ya que estaban reportados, contabilizados, bancarizados y acorde a precios de mercado, por lo que no era factible que fueran producto de sobornos.