La marcha tuvo que cambiar de ruta debido a un cordón policial que se desplegó en los alrededores de la Universidad Bolivariana, desde donde partiría en el municipio Libertador de Caracas, cuya alcalde, Jorge Rodríguez, se ha negado a permitir las manifestaciones en su jurisdicción.
Los manifestantes, acompañados por dirigentes políticos, entre ellos la diputada desaforada María Corina Machado, se movilizaron entre los municipios de Chacao y Baruta, bajo el control de la oposición, donde expresaron su rechazo a una reforma educativa que emprende el gobierno.
Aunque la marcha terminó en paz, incidentes aislados provocaron la intervención de la policía y dejaron 19 detenidos, según la organización no gubernamental Foro Penal.
Los manifestantes pidieron respeto a la educación libre y protestaron por la reforma educativa que puso en marcha el gobierno para aplicar cambios en los programas y el sistema de supervisión de los maestros.
El portavoz estudiantil Eusebio Acosta señaló que la movilización continuará contra la reforma educativa, que -afirmó- tiene como objetivo "adoctrinar" los estudiantes.
"La educación venezolana va a seguir siendo libre, democrática, con cultura y tradiciones venezolanas. (Este currículum pretende) que el pueblo se mantenga pobre de conocimientos y recursos", afirmó.
A la vez, el dirigente gremial Jonathan Arias señaló que reforma es la "culminación del Estado comunal hacia la familia y escuela. Quieren aplicar esta resolución desde la educación inicial para crear pioneritos (estudiantes cubanos) y eso lo vamos a impedir".
A su vez, el concejal Freddy Guevara, del partido opositor Voluntad Popular, señaló que la marcha desobedeció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y defendió el derecho a manifestar pacíficamente.
"Lo que ocurrió hoy fue histórico. El pueblo desobedeció la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia y reafirmó nuestro compromiso de lucha hasta vencer", aseveró.
El TSJ emitió un fallo esta semana que limita las manifestaciones pacíficas espontáneas, lo que dará luz verde a la policía para dispersar y reprimir cualquier protesta que no tenga un permiso de las autoridades.
El fallo fue anunciado en medio de nuevas conversaciones entre el gobierno y la oposición para poner fin a las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que tienen más de dos meses y han dejado más de 40 muertos y cientos de heridos.
El TSJ dictaminó que la falta de autorización a las protestas limita de "forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica", el cual está previsto en la Constitución.
Señaló que aunque la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a "manifestar pacíficamente y sin armas", recalcó que esa garantía "no es un derecho absoluto". (DPA)