Las dos leyes promulgadas, y publicadas en el boletín oficial, son la Ley que regula la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios, y la que ordena la publicación de resoluciones y acordadas de la Corte Suprema y tribunales de segunda instancia.
Ambas normas forman parte del polémico paquete de medidas impulsado por el Gobierno argentino, que incluye además una ampliación del Consejo de la Magistratura y habilita la elección popular de sus miembros.
La propuesta limita también la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado y crea tres cámaras de casación, entre otras iniciativas.
El Ejecutivo de Fernández defiende que los cambios pretenden "democratizar el Poder Judicial", pero la oposición y organismos internacionales advierten que suponen "la politización" de la Justicia y ponen en riesgo su independencia.
La reforma judicial ha recibido duras críticas también de jueces, abogados e incluso de algunos legisladores oficialistas que solicitaban un debate más amplio.
También la relatora especial de la ONU para temas de la reforma de la justicia, Gabriela Knaul, ha criticado las iniciativas del Gobierno, lo mismo que organismos como Human Rights Watch.
La reforma fue una de las medidas del Gobierno de Fernández más criticadas durante el cacerolazo del pasado 18 de abril, que sacó a las calles de las principales ciudades argentinas a miles de personas. (EFE)