El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para Mocoa permitirá “fortalecer todos los mecanismos necesarios para garantizar la supervivencia de los damnificados por la tragedia, mejorar canales de suministros, restablecer las telecomunicaciones y los demás servicios públicos, en las áreas rural y urbana de la ciudad”.
“El compromiso también involucra las acciones que deben realizarse en el resto del municipio, incluida el área rural, dado que la magnitud de la tragedia impacta colateralmente a toda la sociedad de Mocoa”, señaló el decreto difundido por la presidencial Casa de Nariño.
Para conjurar la crisis social y humanitaria “se adelantará la reconstrucción de la infraestructura educativa y la prestación oportuna del servicio, se garantizará el suministro de energía a los usuarios de bajos recursos mediante subsidios”.
Además se facilita el “uso de combustibles subsidiados para generar energía y se adoptarán medidas temporales para facilitar el otorgamiento de licencias de prestación del servicio de radiodifusión, entre otras”.
Explicó que las facultades del estado de emergencia económica es con el fin de “dictar decretos con fuerza de ley que permitan conjurar la grave situación en Mocoa e impedir la extensión de sus efectos”, agrega el decreto, que lleva la firma del presidente Juan Manuel Santos y las de todos sus ministros.
La adopción de medidas de rango legislativo, autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como a mejorar la situación de los damnificados por el alud.
“No obstante, dado que la magnitud del desastre no ha sido dimensionada en su totalidad, las medidas que se anuncian en este decreto no agotan los asuntos que pueden abordarse en ejercicio de las facultades conferidas por el estado de excepción”, agregó.
Lo anterior significa “que en el proceso de evaluación de los efectos de la emergencia podrían detectarse nuevos requerimientos y, por tanto, diseñarse estrategias novedosas para afrontar la crisis”.
El gobierno colombiano considera necesario, “para superar la crisis de Mocoa e impedir la extensión de sus efectos, dictar medidas de rango legislativo que le permitan hacer modificaciones presupuestales, con el fin de focalizar los recursos destinados a ese propósito”, precisa la norma”.