Según la publicación, el monto de gastos previsto por los 25,000 por candidatos que intervendrán en las próximas urnas sería también suficiente para financiar durante siete décadas el pago de salarios de los 594 diputados y senadores y para realizar casi tres Mundiales de futbol similares al que organizó el país en junio y julio pasado.
Los gastos esperados para los próximos comicios suponen además un aumento del 400 por ciento frente al total registrado en las elecciones brasileñas de 2002, un índice muy superior al de la inflación del 76 por ciento acumulada en ese período.
Según el reportaje, los once candidatos que disputarán los comicios presidenciales -en los que la actual mandataria, Dilma Rousseff, buscará la reelección- estimaron en 917 millones de reales (unos 407 millones de dólares) sus gastos con la campaña.
De este total, un 80 por ciento será invertido por Rousseff y por sus dos principales rivales en las próximas urnas: el senador opositor Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y la líder ambientalista Marina Silva, quien se convirtió en postulante del Partido Socialista Brasileño (PSB) tras la muerte en accidente aéreo del candidato a la agrupación, Eduardo Campos.
Las millonarias donaciones para las campañas políticas se han convertido en fuente de los principales escándalos de corrupción que sacudieron Brasil desde el regreso del país a la democracia en 1985, después de 21 años de dictadura militar.
Desde 1997, tramitan en el Congreso propuestas destinadas a limitar los gastos en las campañas políticas, pero los diputados y senadores se resisten a votar estos proyectos.
"La avalancha financiera que domina las elecciones es el principal factor de distorsión de la representación política en Brasil", afirmó el diputado oficialista Henrique Fontana, correligionario de Rousseff en el PT, quien defiende que las campañas políticas sean financiadas exclusivamente por recursos públicos y que las empresas sean prohibidas de realizar aportes.
En declaraciones a "Congreso en Foco" el juez electoral Márlon Reis, coordinador del Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), consideró que los gastos de los candidatos para conquistar votos alcanzó "un grado de insostenibilidad".
"Las elecciones son un juego comprado en Brasil", agregó el magistrado, quien argumentó que, para lograr un mandato, un candidato necesita tener un elevado monto de recursos financieros o el apoyo de grandes empresas.
"El electorado está siendo llamado a legitimar un modelo que no es sostenible ni representativo. Todos los sectores expresivos de la sociedad deberían tener un asiento en el Parlamento, pero sólo están los que tienen la bendición del poder económico".
"Por esto la gente dice: ellos no nos representan", enfatizó Reis, al recordar una de las principales consignas de las masivas protestas populares que sacudieron Brasil en junio de 2013. (DPA)