Urzúa, recién llegado de la cumbre del G20 en Japón, presentó su carta de dimisión en la que alegó "discrepancias económicas" con el presidente y reprochó que el Gobierno haya "tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento".
"Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo", expresó.
Unas convicciones que, dijo, "no encontraron eco" en el Gobierno del izquierdista López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.
Y añadió que le resultó "inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública", un hecho que "fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés".
Pocos minutos después, López Obrador nombró como sustituto al hasta ahora subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y defendió la política económica que se lleva a cabo.
"Él (Urzúa) no está conforme con las decisiones que estamos tomando pero nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años", dijo López Obrador, muy crítico con el "neoliberalismo".
El presidente reivindicó que quiere llevar a cabo una "transformación" del país y admitió que "hay a veces incomprensión, dudas o titubeos, incluso en el interior del Gobierno".
Tras la renuncia de Urzúa, el peso mexicano perdió valor frente al dólar, aunque la caída se moderó con el rápido nombramiento de su sustituto.
La jornada cerró con una depreciación del peso frente al dólar de 1,38 % en el mercado interbancario, y pasó a venderse de 18,9 pesos por dólar a 19,16 pesos por dólar.
Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una caída del 1.77 %.
"Fue una sorpresa y a los mercados no les gustan las sorpresas", contó a Efe la directora de Análisis Económico-Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, quien auguró que las agencias crediticias castigarán a México por estos movimientos.
Siller señaló que la carta de Urzúa supone "un duro golpe de crítica" a López Obrador y demuestra que se están tomando decisiones económicas y que se aprueban programas "sin tener estudios de costos y beneficios".
Además, destacó que con esta renuncia aumenta la "incertidumbre" económica y política del país porque "hace 85 años que no duraba tan poco" un ministro de Hacienda mexicano.
Urzúa era un firme defensor de la "estabilidad financiera" en el Gobierno y el artífice de las políticas de austeridad para financiar las grandes obras de infraestructura que López Obrador quiere construir en el sur del país.
Y a la hora de hacer pronósticos, era más prudente que el presidente, quien ha prometido un crecimiento del 4 % del PIB en promedio anual al finalizar su mandato en 2024.
"Era el funcionario más importante en cuanto el mensaje de estabilidad para los mercados", expresó a Efe el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Khemvirg Puente, quien consideró la renuncia como "una mala noticia para el Gobierno y para México".
Además, formaba parte del sector "moderado" dentro del Gobierno, liderado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, frente a un sector más "radical", encabezado por el mismo López Obrador y altos funcionarios de la Presidencia.
Puente señaló que, a pesar de que Herrera tiene las mismas convicciones que Urzúa, existe el riesgo de que "los sectores más radicales y menos preparados" ganen peso en el Ejecutivo.
El BBVA, principal banco en México, ratificó su apoyo a Arturo Herrera al frente de Hacienda y confió que aplicará "medidas de disciplina fiscal sanas y prudentes".
El empresariado mexicano emitió su preocupación a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que exigieron que se resuelvan los problemas expuestos por Urzúa en su carta de renuncia.
La renuncia de Urzúa es la más relevante en los seis meses de Gobierno de López Obrador, aunque no ha sido la primera.
A mediados de junio, y en plena crisis migratoria, el titular del Instituto Nacional de Migración de México, Tonatiuh Guillén, renunció a su cargo.
En junio, también dimitieron el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, y el de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.
Mientras que en mayo hicieron lo mismo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González-Blanco.