“Presentaremos ese punto de acuerdo para que acudan a comparecer y nos expliquen por qué a alrededor de 4,000 trabajadores se les han inflado los créditos de vivienda descontándoles hasta el 50 por ciento de su salario”, dijo.
En conferencia de prensa, la diputada priista precisó que, en promedio, el fraude que se tiene detectado es de 250 mil pesos por persona, a quienes la institución de crédito acusa de haber presentado documentos falsos al momento del trámite.
Indicó que con la acusación se giraron 41 órdenes de aprehensión en contra de varios trabajadores, quienes son sujetos a proceso penal.
Quiñones Cornejo señaló que con la amenaza de encarcelarlos, muchos de los inculpados accedieron a modificar sus contratos originales para asumir obligaciones y resarcir el daño causado por los directivos.
La diputada de la fracción del PRI subrayó que ya se obtuvo el primer amparo en contra de las órdenes de aprehensión, el cual anexarán al expediente de cada caso para solicitar se actúe con el mismo criterio.