Así lo manifestaron los diputados Rodrigo Abdala, Virgilio Caballero, Ernestina Godoy, Alfredo Basurto, Vidal Llerenas, Juan Romero, Ariadna Montiel, Norma Xóchitl Hernández, Araceli Damián y Ariel Juárez durante la discusión del dictamen de reformas al Artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto de modificaciones de diversas disposiciones de dicho ordenamiento y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
En su momento, cada uno expresó que la legislación que se modifica sólo beneficiará a unas cuantas personas que responderán a los intereses electorales del PRI y PAN y sus partidos aliados, lo que a todas luces es un hecho irregular.
Al fijar la postura de la bancada de Morena, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues aseguró que la propuesta de extender la permanencia de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF es un acto que obedece a un claro reparto de cuotas partidistas.
Evidentemente que hay un acuerdo entre los partidos representados para que Andrés Manuel López Obrador y Morena no lleguen a la Presidencia de la República. Pero eso está a discusión; hay un gran movimiento social, hay un gran despertar ciudadano, y lo que estamos esperando es que a través de la amplia participación no se judicialice el proceso electoral”, puntualizó.
En la máxima tribuna del país, expresó que cuando los mexicanos creían haberlo visto todo, surge esta propuesta que atenta contra la democracia, ya que resulta increíble el desaseo con que se ha realizado el procedimiento desde el Senado de la República, para alargar el periodo de cuatro magistrados del TEPJF de 3 a 7 años y de 6 a 8 años.
“El proceso que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenía plazos específicos, y lo que se está llevando a cabo con esta propuesta, es que se está pasando por encima de ésta (…). Por supuesto, Morena, en uso de sus facultades, interpondrá una acción de inconstitucionalidad”, recalcó el legislador poblano.
Antes, los diputados Vidal Llerenas Morales y Juan Romero Tenorio presentaron mociones suspensivas al dictamen, al considerar que el proceso democrático del país enfrenta el momento más cínico porque se establece un aparato electoral que garantizará el control a quienes respaldaron a los magistrados.
“Se trata de un acto arbitrario, de un mal augurio de lo que se dice va a ser un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que ya empezó mal cuando sin discusión alguna se aprobó que un procurador vaya a ser el próximo fiscal del país por nueve años sin un escrutinio claro de la ciudadanía y de los partidos”, subrayó el primero.
En tanto, el segundo sostuvo que es una aberración legal que viola el principio de certeza y seguridad jurídica, al pretender revivir una norma transitoria que cumplió sus objetivos al nombrar a los magistrados y que hoy se pretende utilizar a destiempo e ilegalmente para ampliar sus periodos en los cargos.
“No podemos revivir una norma que no tiene vigencia con un fraude al proceso legislativo, el cual está viciado desde que este Pleno asumió el fast track al aprobar esta reforma, y no tiene sentido, basado en una norma que es inconstitucional de origen”, enfatizó.
Por su parte, durante la discusión en lo general, el diputado Virgilio Caballero Pedraza aclaró que el criterio de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del 1° de julio de 2008, señalaba en su transitorio cuarto la forma en que deben escalonarse los nombramientos de los magistrados electorales, en cumplimiento con lo dispuesto en la Carta Magna.
Señaló que el propósito del escalonamiento señalado en el Artículo 99 Constitucional era para dar estabilidad al Tribunal Electoral, de manera que el cambio de magistrados cada tres años permitiría unificar criterios para la toma de decisiones y no cambiar de forma abrupta al pleno de ese órgano.
“La sustitución con el escalonamiento que propone el Senado impedirá tener un tribunal estable. La reforma de 2008 sí consideraba que los cambios de magistrados en 2019, 2022 y 2025, era un escalonamiento razonable que ayudaría a mantener la estabilidad esperada”, recalcó el Vicecoordinador de la bancada de Morena.
En tanto, la diputada Ernestina Godoy Ramos consideró que ampliar la permanencia de los magistrados del TEPJF es el blindaje institucional y jurídico de un sistema de complicidades que encarna el Pacto contra México. “Es un abuso contra los ciudadanos que vulnera las instituciones responsables de garantizar el voto público y la voluntad ciudadana”.
Al tomar el micrófono, el diputado Alfredo Basurto expresó que tal medida es una aberración jurídica y política que va en contra de la democracia del país. “Viola una de las garantías que el Constituyente de 1917 plasmó como uno de los principios fundamentales que es la legalidad”.
Finalmente, los diputados Juan Romero, Vidal Llerenas, Ariadna Montiel, Norma Xóchitl Hernández, Araceli Damián y Ariel Juárez presentaron reservas a los Artículos 1, 2, 4 y 2° y 4° Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.