“El problema es que el control que genera la medición del riesgo en un crédito no está funcionando en el caso de deuda pública; y no dudo que los bancos no estén haciendo sus estudios de crédito, pero los están haciendo como una mera formalidad bancaria para evitar sanciones de la Asociación de Bancos de México (ABM), porque a pesar de que mi análisis de crédito diga que es de alto riesgo el ente público, ello se acota cuando se pone como garantía de pago las participaciones federales del estado o municipio”, expresó el senador panista Carlos Mendoza Davis.
En una reunión de trabajo de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda, y Hacienda y Crédito Público con representantes la ABM, especialistas en finanzas y directivos de empresas calificadoras, Mendoza Davis reiteró que el tema de la deuda pública de los gobiernos locales se distorsiona por el esquema de las participaciones federales, ya que “de nada o poco serviría que ustedes dieran una calificación que no fuera adecuada para un endeudamiento, si hay una entidad financiera que otorgará ese crédito, porque el riesgo está garantizado con dichas participaciones”.
Durante la reunión, el senador Francisco Domínguez Servién propuso que en la discusión de las diversas iniciativas que se discuten en el Senado para regular la deuda de estados y municipios, se obligue a estos órdenes de gobierno a transparentar la calificación crediticia que obtuvieron, para poder contratar un empréstito.
“Cualquier gobierno que contrata una deuda tiene la obligación de calificarse, y cuando obtienes una buena calificación por el buen manejo de las finanzas públicas hasta lo presumes, pero si es al contrario, si has sido irresponsable en el control del erario, mantienes en la opacidad la calificación crediticia”.
En ese sentido, el legislador por Querétaro insistió en la necesidad de que en la nueva legislación se obligue a los estados y municipios a transparentar dicha calificación.
Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, destacó la estabilidad económica que en los últimos años ha vivido México y aseguró que actualmente la deuda de estados y municipios no representa un problema para las finanzas nacionales; sin embargo, se pronunció a favor de regular la deuda en esos órdenes de gobierno como una medida de prevención para evitar futuros descalabros financieros.
Consideró que el crédito es una palanca de desarrollo, pero agregó que el manejo de esos pasivos por parte de algunos gobernantes puede llevar a serios problemas a las finanzas de los gobiernos subnacionales, por ello, insistió en la necesidad de legislar en la materia.
Subrayó que es importante que las diversas iniciativas que se analizan en el Senado para regular los empréstitos en estados y municipios contemplen el transparentar todos los créditos, el principio de certidumbre financiero con el que se garantizará el pago del crédito y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sus facultades para la contratación de deuda.
Víctor Manuel Herrera, director general de Standard and Poors, coincidió con Robles Miaja en el sentido de que esta nueva legislación no deberá afectar los financiamientos que actualmente tienen estados y municipios, sobre todo aquellos en los que se encuentran contratados con esquemas de participaciones federales. Que “sea muy clara la ley de que seguirán gozando de la primacía que con la que cuentan”, agregó.
En la reunión también estuvieron presentes los senadores Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres Graciano.