“La gente está desesperada, lo perdió todo, y la ayuda no llega, ni la reconstrucción de viviendas”. El rezago data de 2010, pero existen casos sin resolver desde 2003, afirmaron durante una reunión de trabajo con José María Tapia Franco, director general para la Gestión de Riesgos de la Segob, quien recomendó homologar los atlas de riesgos de estados, municipios, instancias federales y paraestatales para garantizar la seguridad de la población.
Urgieron a fortalecer la prevención ante desastres y se comprometieron a elevar los recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), a fin de alentar entre la ciudadanía y los funcionarios la conciencia de la prevención para evitar pérdidas humanas y daños mayores al patrimonio familiar y a la infraestructura social. “Prevenir es una prioridad”, destacaron.
Los legisladores pidieron incorporar en el Atlas Nacional de Riesgos que se construye, las zonas de riesgo y alto riesgo por fenómenos naturales, a fin de que la Federación, los estados y municipios las conozcan y garanticen la protección inmediata a las poblaciones ante el impacto de inundaciones, sequías, temblores o cualquier meteoro natural que provoque daños, y la población atienda las recomendaciones.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, solicitó al funcionario federal atienda caso por caso, porque las entidades tienen problemáticas específicas que requieren soluciones y atención particulares.
Refirió el caso de Tabasco, estado con los mayores problemas hídricos, cuyas inundaciones son recurrentes, como la más reciente, de diciembre pasado que asoló la zona indígena, y los recursos tardaron en llegar, o todavía no lo hacen. “Treinta días es demasiado para que lleguen los recursos, aún así las escuelas no se han remozado”, aseguró.
Cuestionó ¿qué hacer para que los recursos se apliquen? Adujo que los municipios y estados no pueden cumplir con el pari passu que exigen las reglas de operación del Fonden para que se inicien las obras de reconstrucción luego de un desastre.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) exigió enfático “un análisis a conciencia de las reglas de operación para que se flexibilicen y definir cuándo procede o no la aplicación del pari passu. La gente tiene problemas y quiere soluciones; hay municipios que les pegan en el año no sólo un huracán, sino hasta seis”. Comentó que el 70 por ciento de los municipios están su capacidad máxima de endeudamiento para cumplir con el pari passu.
Pidió que las soluciones “no se queden en una carta a Santa Claus, que se enliste, espere turno y no se resuelva, porque la gente está desesperada y la ayuda no llega”, aseveró.
El diputado del PRD, Antonio García Conejo, también secretario de la comisión, sostuvo que los municipios de Huetamo y San Lucas en Michoacán no han recibido ninguna ayuda para la reconstrucción de viviendas, a pesar de que las perdieron el año anterior.
¿Cómo hacerle para que llegue la ayuda, porque las familias están arrimadas, tienen una puerca y un borrego, ya que perdieron sus casas de cartón y zacate. Qué hacemos porque la gente está desesperada?, cuestionó.
Por el PRI, el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, dijo que debe considerarse el riesgo de descontento social a causa de que los apoyos y reconstrucción no llegan con la rapidez que requiere la población.
Los diputados priistas Faustino Félix Chávez y Cecilia González Gómez, de Sonora y Jalisco, respectivamente, subrayaron la necesidad de desplegar programas preventivos ante las sequías y cualquier contingencia natural, y dar facilidades a los municipios para hacerlo, porque las zonas de riesgo recurrentes se conocen en cada región. Insistieron en cambiar las reglas de operación para que los recursos lleguen a tiempo.
Luis Olvera Correa, legislador también del PRI, aseguró que en Angangueo, Michoacán, hay obras pendientes desde 2010 provocadas por desastres hídricos, ¿qué se hace para solucionarlo?, preguntó.