La reforma establece que los gobernantes de estados y municipios “que terminan su gestión no podrán contratar deuda directa ni contingente, a partir del momento en que la autoridad electoral correspondiente confirme el triunfo electoral de los gobernadores y presidentes municipales, sin tener el consentimiento de los nuevos gobernantes elegidos”.
En su iniciativa, los legisladores afirmaron que en los últimos años se ha registrado un incremento de la deuda de estados y municipios, que pasó de representar el 1.6 a 2.4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento de 64.5 a 72 por ciento en relación con las participaciones federales.
De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil 070 millones de pesos a 390 mil 777 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en el 2012 la deuda total de las 32 entidades ascendió a 406 mil 765 millones de pesos al tercer trimestre, se incrementó cuatro por ciento con respecto al cierre del año anterior.
En la iniciativa se afirma que “los casos en los que se acentúan dichas conductas son aquellos en los que, a pesar de quedar escasos días de gobierno, la administración saliente contrata deuda con total impunidad”.