El comité de la ONU emitió ayer viernes una declaración de 50 puntos con sus observaciones finales, después de evaluar un informe presentado por México en el marco de sus obligaciones como Estado parte de la convención internacional contra las desapariciones forzadas.
En un documento de 50 puntos, el comité pidió al Estado mexicano "redoblar esfuerzos" ante lo que consideró "un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas".
"El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas", anadió.
El comité pidió, entre otros puntos, avanzar "a la brevedad" en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país sobre desapariciones forzadas, algo que México ha señalado que espera lograr para junio.
El organismo consideró, además, preocupante que no exista una base de datos completa de personas desaparecidas y recomendó fortalecer tanto el registro estadístico como la base de datos genéticos de la Procuraduría General de la República.
"El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos", señaló.
En respuesta, México expresó a través de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores que las recomendaciones no agregan nada a las acciones y compromisos que el gobierno ya está llevando a cabo para hacer frente al problema.
"Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención", indicó la cancillería.
El organismo de la ONU pidió a México también aceptar su competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales en materia de desapariciones forzadas e indicó que espera el consentimiento oficial para que se pueda realizar una visita al país "en un plazo razonable".
Cuando se tenga noticia de la desaparición de una persona, recomendó la ONU, debería iniciarse "una búsqueda de oficio y sin dilaciones" para localizarla y garantizar que haya investigaciones exhaustivas para sancionar a los responsables. Asimismo, lamentó la impunidad que persiste en numerosos casos.
El comité se refirió también a las desapariciones forzadas registradas en la década de 1970 durante la llamada "guerra sucia" y a la ausencia de "avances significativos" en las investigaciones, así como a la desaparición de migrantes, muchas veces con participación de autoridades, en su camino por México hacia Estados Unidos.
Recomendó también que los casos de desaparición forzada de militares por parte de militares sean competencia exclusiva de tribunales civiles, y no de la justicia castrense, para garantizar imparcialidad.
México tendrá plazo de un año para dar al comité información sobre la aplicación de los puntos referidos al registro único de personas desaparecidas, mecanismos de búsqueda y prevención e investigación de desaparición de migrantes.
Además, se fija como fecha límite el 13 de febrero de 2018 para brindar "información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones".
Tras conocerse las conclusiones, la organización Amnistía Internacional (AI) indicó que se trata de "una señal de alerta sobre la trágica desaparición de miles de personas" en México.
"Son más de 22.600 los casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido que se han dado en México en los últimos 20 años", indicó la directora de AI para América, Erika Guevara Rosas, en un comunicado.
"Las recomendaciones del gobierno mexicano no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible y urgente en las políticas y las leyes para abordar esta situación crónica. Es hora de que las autoridades respondan a esta tragedia".