La incineración de la droga se llevó a cabo en instalaciones de la Séptima Zona Militar, en el municipio de General Escobedo, en dicha entidad.
La diligencia ministerial se dio en cumplimiento al Programa de Destrucción de Narcóticos, y a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de drogas aseguradas y los objetos que son instrumento o producto del delito.
El procedimiento se realizó ante la presencia del agente del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como del representante del Órgano Interno de Control de la PGR, quien dio fe de la destrucción, en los términos de la normatividad en la materia.