En particular, de las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y estatal, órganos autónomos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, productivas del Estado y subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos y fondos públicos, que reciban y ejerzan recursos públicos y fondos de ahorro para trabajadores.
De igual modo, se solicitó a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías generales de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, a la CNBV y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fincar responsabilidades a los entes públicos que hubieran comprometido recursos públicos, así como el patrimonio de trabajadores, particularmente de aquellos adscritos a los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y de Coahuila.
Al respecto, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), mencionó que “las operaciones fraudulentas de Ficrea presumen actos que apuntan a actividades de lavado de dinero y narcotráfico”.
Precisó que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, reconoció una inversión de millones de pesos de la institución en Ficrea, y en esa situación también está el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; sin embargo, dijo, “se están escondiendo ahorradores multimillonarios vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero”.