En relación con el informe dado a conocer por el GIEI, indicó que las acciones se realizan con una estrategia y un plan de trabajo desarrollado con base en las facultades de investigación del Ministerio Público federal y el apoyo y coadyuvancia técnica del grupo.
En un comunicado, precisó que uno de los ejes que define la actuación de la PGR es su compromiso con los derechos humanos y las víctimas, cuidando siempre el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia.
Reiteró que la indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en general.
Subrayó que valora el reconocimiento del grupo de expertos sobre los avances que se están dando en la investigación, así como a la labor del nuevo equipo que la está llevando a cabo, y su disposición al trabajo conjunto.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República refrendó su disposición a mantener la colaboración con el GIEI, que ha sido y será receptiva a sus contribuciones y observaciones.
La dependencia precisó que el traslado de la averiguación previa del ámbito de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a la Oficina de Investigación creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos ocurrió a un mes del anuncio público y a una semana de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera prorrogar el mandato del GIEI.
Subrayó que la investigación no está fragmentada, pues la Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la Seido conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia
“Sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el caso Iguala para su desahogo”, precisó la Procuraduría.
Indicó que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como las detenciones señaladas por el propio grupo.
Mientras que la Seido ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.
Dejó claro que la indagatoria se encuentra abierta y que cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, en tanto que la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI fue realizada el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del estado de Guerrero.
“El acto reclamado en el Juicio de Amparo es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común, sin embargo la PGR ha dado seguimiento al juicio de Amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente”.
Aclaró que estas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en tanto los jueces federales así lo resolvieran.
La PGR, recordó, brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local y las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un Órgano Jurisdiccional del mismo fuero.
Las diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que ser autorizada.
Es importante aclarar que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago, forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas, señala el comunicado emitido por la PGR.
Tras reiterar su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, informó que instruyó al Ministerio Público a investigar estos hechos, y recordó que la autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.
“La PGR mantendrá el espíritu de colaboración tomando como marco la asistencia derivada del mandato de coadyuvancia técnica con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, subrayó en el documento.
Este domingo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reconoció los avances que se tienen en la investigación del caso de los normalistas desaparecidos.
En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los especialistas dieron a conocer los avances que han tenido en los últimos meses, así como los desafíos que han encontrado durante su labor.
En este sentido, valoraron de manera positiva la creación de un equipo amplio de búsqueda, así como la disposición de la nueva unidad de investigación para trabajar en conjunto con este fin.
Los especialista detallaron que se han reunido con autoridades de la PGR, a quienes han expuesto sus observaciones, con el objetivo de avanzar en la obtención de información que conduzca al esclarecimiento en los hechos.