La transición hacia modelos de consumo digitales en México ha traído consigo el desarrollo de nuevos problemas y desafíos en términos de seguridad. Por un lado, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), hasta el tercer trimestre de 2021 se reportaron 2 millones 745 mil 738 fraudes cibernéticos; en 2020 se alcanzó un pico que superó los 4 millones de delitos de este tipo.

La acelerada transición a modelos completamente electrónicos de comercio ha obligado a las empresas y los gobiernos a replantearse sus estrategias para proteger sus operaciones de amenazas como el robo de identidad. Éste se trata de un delito al que todo el ecosistema digital está expuesto y que puede tener un gran impacto tanto financiero como reputacional.

El deseo de tener una vida tranquila y segura es de carácter universal, y ha estado presente en la mente de la humanidad durante la gran mayoría de su historia. Sin embargo, en esta nueva era digital el sentido de seguridad ya no sólo se limita al plano físico. La aparición de las tecnologías computacionales, el internet y el entorno digital ha hecho necesaria la existencia de la ciberseguridad, o seguridad de la información.

Según la encuesta más reciente del informe Riesgos de Seguridad para Instituciones Financieras de Kaspersky Lab, uno de cada cuatro bancos en todo el mundo tiene dificultad para identificar a sus clientes cuando prestan servicios bancarios digitales y en línea. Como más de la mitad de los bancos (59 por ciento) anticipa pérdidas financieras crecientes debido al fraude en los próximos tres años, Kaspersky Lab advierte que la verificación de la identidad de un usuario debe ser primordial en las estrategias de seguridad cibernética de las instituciones financieras.

Pese a que la “suplantación de identidad” está considerada como uno de los delitos de más rápida expansión en los últimos años en el mundo, en México ni siquiera se cuenta con estadísticas sobre la gravedad de este problema y ninguna institución asume la responsabilidad de responder ante las víctimas, que quedan en total indefensión, aseveró el diputado Roberto Cañedo Jiménez.

La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, hizo un llamado para hacer de la protección de los datos personales, el baluarte de la era digital.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) comunicó a la Cámara de Diputados que en fechas recientes, el robo, suplantación o usurpación de identidad ha trastocado a los ciudadanos, particularmente a los contribuyentes, registrándose cientos de casos de delincuentes que presentan declaraciones anuales, inventando deducciones personales y solicitando saldos a favor “fraudulentos”.

El senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y el Código Penal Federal, a fin de establecer mecanismos para sancionar los delitos contra la identidad de las personas.

La suplantación de identidad está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años. Tan sólo en el primer semestre de 2015 este delito se incrementó 40 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258 casos.

Las nuevas tecnologías han abierto la puerta a la comisión de delitos como el phishing o suplantación de identidad, el cual genera graves daños económicos a México, pues según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), es el segundo país con mayor afectación en América Latina con tres mil millones de dólares.

Para evitar el robo de identidad o phishing a usuarios de la banca, la Tercera Comisión de la Permanente avaló solicitar a las comisiones nacionales para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de Nacional de Seguridad (CNS) establecer una campaña preventiva que vigile, identifique, monitoreé y rastreé la red pública de Internet para prevenir este delito.

En México, de diciembre del 2012 a enero del 2015, se recibieron 30 mil reportes telefónicos ligados con delitos cibernéticos, de los cuales 53 por ciento fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26 por ciento contra ámbitos académicos y 21 por ciento contra sector privado o empresarios.