El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho expresó su convicción de que el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Adversarial, es funcional, mejora las condiciones de imputados y víctimas; rechazó que sea híper garantista, pero exige la profesionalización de quienes lo operan, como son policías, peritos, fiscales, jueces, abogados e investigadores.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), consideró que en la aplicación de la figura del arraigo en el sistema de justicia han existido abusos, pero ésta debe prevalecer y garantizar que se protejan los derechos humanos de las personas.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que si bien el uso del arraigo se ha visto reducido en nuestro país, persisten graves problemas y en sí misma es una figura violatoria de los derechos del inculpado o en contra de quien se haya girado esta medida cautelar.
Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales representa un avance para establecer un sistema acusatorio único en el país, contiene disposiciones contrarias a principios democráticos y a derechos humanos. Una de estas normas es particularmente grave e inadmisible, afirmó Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de esta casa de estudios.
Hasta asegurar un uso legítimo, racional y democrático para la debida aplicación de las figuras de arraigo y testigos protegidos, con un protocolo de actuación que ofrezca garantías institucionales y procedimentales en pleno respeto de los derechos humanos, el senador Mario Delgado Carrillo, demandó suspender estas “medidas, providencias y técnicas previstas en el marco Constitucional y legal”.
Sería deseable que desapareciera la figura de testigos protegidos, pero en este momento no es posible eliminarla, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra (PRI).
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 16 de la Constitución Política en materia de arraigo.
Con apego irrestricto al mandato constitucional y en el ánimo de seguir trabajando en la línea del respeto a los derechos humanos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó la Iniciativa para Derogar la Figura de Arraigo y Abrogar la Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF.