Si el gobierno federal no autoriza una regularización extraordinaria de vehículos ‘chocolate’ o ‘chuecos’ en Chihuahua, el gobernador de este estado, César Duarte, iniciará un censo de este tipo de unidades mediante un engomado, lo que sería la antesala de una nueva regularización con los impactos económicos, ambientales y de seguridad vial que esto implica, denunció Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.
“Es una amenaza con grandes visos de que se pueda hacerse efectiva. Hasta la fecha las Secretaría de Economía y Hacienda se han mantenido firmes en cuanto a no ceder ante las peticiones del gobernador, pero éste ha esgrimido que de todos modos lo hará con facultades locales”, afirmó.
El vocero de los distribuidores de automotores recordó que no se puede dejar de lado que se acerca un proceso electoral para renovar el gobierno federal y el Congreso como hace seis años cuando Vicente Fox, que se había manifestado contrario a la regularización de autos chuecos, terminó emitiendo el 22 de agosto de 2005 el ‘chocodecreto’ que ha causado la importación de casi 6 millones de vehículos usados desde entonces.
“No es válido que las autoridades estatales promuevan la internación de vehículos ‘chuecos’ o ‘chocolate’ y me refiero a que de nueva cuenta encontramos como personaje central de esta historia al gobernador de Chihuahua César Duarte, ya que en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados en 2009 interpuso una controversia constitucional sobre los requisitos que impuso el Decreto a la importación de usados y ahora chantajea al gobierno federal para que autorice una regularización”, dijo.
El directivo de la AMDA recordó que fue César Duarte quien en 2009, tras la publicación del Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, interpuso una controversia constitucional contra los requisitos que contempló el mandato presidencial, esto bajo el argumento que eran violatorios al Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Este nuevo intento de regularización se gestiona al tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad del Certificado de Origen y el pago de aranceles a la importación de vehículos usados, por lo que ahora están dadas las condiciones para anunciar un nuevo Decreto que mantenga los requisitos actuales y deseche los amparos en contra de la normatividad en la materia, puntualizó Rosales Zárate.
“Esta resolución judicial viene a satisfacer una de las solicitudes de la AMDA y de la industria automotriz en su conjunto sobre la importancia de proteger al mercado interno, quedando abiertas las puertas para darse marcha atrás a los amparos interpuestos y que causaron que la internación de 220 mil unidades usadas en 2009 se incrementara a casi 430 mil el año pasado”, añadió.
El vocero de los distribuidores de automotores puntualizó que este anuncio toma especial relevancia debido a la próxima conclusión el 30 de junio de la vigencia de este Decreto, por lo que se requiere la publicación de un nuevo criterio federal que mantenga y refuerce los requisitos validados por los máximos jueces del país.
Rosales Zárate explicó que la ratificación emitida por la SCJN expone que no es violatorio del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) la solicitud de un documento que ampare que el vehículos que contempla importarse a México de Estados Unidos o Canadá cumpla con el requisito de haberse fabricado en un 60 por ciento en uno o con autopartes de alguno de los tres países que integran el acuerdo comercial, recibiendo con ellos un trato preferencial en el pago de los aranceles respectivos.