La ETB denunció que Claro ha dilatado y postergado el reintegro del dinero, con lo que ha desconocido una reciente orden del Consejo de Estado de Colombia.
Con esta decisión, el tribunal de la justicia contencioso administrativa dio cumplimiento a un fallo adoptado en 2011 por el Tribunal Andino de Justicia, que concluyó que la trasnacional había violado normas comunitarias comerciales supranacionales.
El litigio partió de diferencias en los pagos de interconexión por llamadas telefónicas del exterior que tenían como destino un teléfono móvil en el país, para lo cual la ETB y la antigua Comunicaciones Celular (Comcel), agrupada ahora bajo la marca Claro, firmaron un contrato sobre unión de redes en 1998.
Las partes acordaron una suma de dinero que después se incrementó por una reglamentación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia (CRC).
En un comunicado, la ETB advirtió de que la multinacional del magnate mexicano Carlos Slim hizo pública su decisión de abrir una fiducia para consignar el dinero, pero también de recurrir a un recurso constitucional de amparo por considerar que en este caso se le violó el debido proceso.
"Esta acción de la multinacional es una más de las tácticas utilizadas para dilatar y postergar la devolución del dinero", agregó la compañía, y resaltó que "pese a que el plazo ordenado por la justicia colombiana e internacional ya se venció, la multinacional no ha pagado".
La ETB recurrirá al "cobro jurídico mediante una acción ejecutiva que garantice el cumplimiento del fallo proferido y haga efectivo el desembolso", según el comunicado.
"Con las acciones dilatorias emprendidas, Claro demuestra y ratifica el abuso de su posición dominante frente a los demás competidores del mercado y su clara desobediencia a la justicia", consideró la compañía bogotana.
Según la ETB, una muestra de ello "son las acciones que Claro ha emprendido frente al regulador para mantener el dominio del mercado de voz móvil y el riesgo que se tiene actualmente de trasladar este dominio al mercado de datos con la próxima subasta de 4G, que se realizará en Colombia a finales de año".
En este sentido, la ETB exhortó de nuevo al Gobierno de Colombia para que restablezca la institucionalidad y adopte medidas regulatorias que impidan una situación que "iría en detrimento de la libre competencia y adicionalmente pone en riesgo los capitales públicos invertidos en el sector de telecomunicaciones".