De acuerdo al dictamen, la firma electrónica no se aplicará en materia fiscal, aduanera y financiera, “para estar en condiciones de responder de manera más ágil a las condiciones cambiantes de la economía”.
Además se señala que la implementación de la ley no tendrá ningún impacto en el presupuesto de Egreso, pues se realizará con los recursos que ya tienen programados las diversas dependencias.
Con esta legislación se facilitará la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, que no tendrán que realizar
“desplazamientos innecesarios” a las instituciones públicas, con lo que el gobierno federal abatirá costos en el uso de papelería.
Cabe recordar que la Secretaría de Economía y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya prestan servicios y recepción de trámites por medios electrónicos, y esta última es la principal emisora de certificados de firma electrónica, con casi tres millones 300 mil.
El dictamen estable ce que se regulará de manera uniforme la firma electrónica avanzada de servidores públicos y particulares, así como la expedición de certificados digitales a personas físicas.
la Secretaría de la Función Pública será la dependencia facultada para interpretar la legislación, y emitirá junto con la Secretaría de Economía y el SAT las disposiciones generales sobre el tema.
La iniciativa propuesta por el presidente de la República, Felipe Calderón, el pasado 8 de diciembre fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y ratificación.