La medida forma parte de un paquete más amplio presentado hoy por el Ejecutivo comunitario y dirigido a potenciar la eficiencia energética en Europa, en vista de que si todo sigue como hasta ahora el ahorro en 2020 sólo llegaría al 10 por ciento.
"Nuestra propuesta pretende hacer más eficiente el modo en que utilizamos la energía a diario, así como a ayudar a los ciudadanos, autoridades públicas y a la industria ha gestionar mejor su consumo energético", indicó el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, quien explicó su propuesta en una rueda de prensa.
Bruselas quiere que los países de la UE establezcan planes de ahorro energético que permitan lograr ese recorte del 1.5 por ciento a través de medidas como sistemas de calefacción más eficientes, doble acristalamiento y aislamiento en los tejados de los consumidores finales; así como que se fijen sanciones para las compañías que no respeten ese umbral.
El Ejecutivo comunitario explica que se trata de recortar el volumen de energía consumida y no la facturación de las compañías, que podrán engrosar sus ingresos a través de actividades complementarias, como la venta de soluciones de aislamiento, en lugar de a través de la comercialización de gas o electricidad en exclusiva.
Considera posible además aumentar la producción industrial sin que se tenga que aumentar el gasto energético en la misma proporción y asegura que esta práctica ya se realiza con éxito en países como Reino Unido, Francia o Dinamarca.
La CE, consciente de la poca popularidad que logrará su propuesta entre los estados miembros, deja la puerta abierta a los gobiernos nacionales para que puedan proponer sistemas de ahorro alternativos que logren el mismo objetivo sin incluir obligaciones para las compañías energéticas.
La industria ya ha criticado que se aplique esta legislación a los sectores más contaminantes, ya cubiertos por el sistema europeo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero (ETS, por sus siglas en inglés) porque podría deprimir peligrosamente el precio del carbono; a lo que Bruselas responde que examinará de cerca el posible impacto.
Entre las medidas presentadas hoy, figuran también ciertas obligaciones para el sector público, como la de renovar el 3 por ciento de sus edificios cada año para lograr que consuman menos energía, frente al 1.5 por ciento que se exige en la actualidad.
Esta idea ya fue incluida en una estrategia más general sobre eficiencia energética que la CE propuso en marzo y fue rechazada por los países de la UE, a pesar de lo cual Bruselas ha decidido mantenerla, aunque con una nueva excepción para viviendas de protección oficial de menos de 250 metros cuadrados.
La Comisión también propone introducir medidores inteligentes de consumo energético en los hogares para que los usuarios puedan saber en todo momento lo que están gastando, así como que las facturas de las compañías energéticas detallen cada dos o tres meses el consumo real de cada hogar en lugar de un cálculo aproximado.
La Comisión confía en que la directiva sea aprobada en octubre de 2012 y pase a ser vinculante un año después, tras lo cual, en el primer semestre de 2014, realizará un análisis de la situación para comprobar si los Veintisiete han sido suficientemente ambicioso o si tiene que convertir en obligatorio el objetivo del 20 por ciento de ahorro energético para 2020.