"Cada día se recibe información que hace aún más aterradora esta historia", dijeron los expertos en referencia a la aparición hasta ahora de fosas comunes en la zona donde ocurrieron las desapariciones, en las que se ubicaron 28 cadáveres calcinados, todavía sin identificar.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo este viernes que "ante los dolorosos e inaceptables hechos de violencia, en contra de jóvenes estudiantes en el municipio de Iguala" su gobierno está asumiendo la obligación de esclarecer el caso.
"Estamos trabajando con determinación y estricto apego a derecho, para que no haya impunidad y se haga justicia", señaló.
En un texto firmado por el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones involuntarias forzadas, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales Christof Heyns y el relator especial sobre tortura, Juan Méndez, se insta a las autoridades a dar con el paradero de los jóvenes, castigar a los responsables y proteger a las familias.
Los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, una institución que forma maestros de primaria en una zona marginada del estado de Guerrero, en el sur de México, desaparecieron el 26 de septiembre después de ser atacados a balazos por policías municipales, en supuesta complicidad con un grupo criminal. Además, hubo seis muertos.
"Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un estado de derecho", indicaron los expertos de la ONU en el comunicado.
Según señalaron, durante años han sido testigos de "la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas", y han alertado sobre las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas".
Amnistía Internacional también cuestionó este viernes el hecho que a la fecha "aún no se haya visto" que los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocidos por los propios familiares de los desaparecidos para analizar los cadáveres hallados en las fosas, hayan accedido a los entierros clandestinos en los que delincuentes afirman que sepultaron a los jóvenes después de asesinarlos.
"Si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación 'a profundidad', medidas básicas como esta deberían estar garantizadas desde el primer momento", señaló el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz.
Amnistía además dijo que ha recibido información respecto a que el trabajo realizado por agentes del ministerio público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados presentaría deficiencias.
Quiroz dijo que el acceso de los peritos internacionales a la investigación es la única forma en que los familiares y la sociedad tendrán confianza en los procesos forenses.
La organización defensora de derechos humanos dijo que familiares de estudiantes desaparecidos le hicieron llegar sus testimonios "sobre la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que le dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso".
Amnistía Internacional instó al presidente Peña Nieto, al Procurador General, Jesús Murillo Karam, y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire sino que se hagan realidad con pasos concretos.