Sostuvo que no se pueden renovar y fortalecer las instituciones sin un compromiso común de todos los que participan en los Poderes federales y estatales.
En el Diálogo por la Seguridad, hacia una Política de Estado, el mandatario aseveró que es indispensable que el fortalecimiento institucional tenga el mismo énfasis en los Ministerios Públicos y policías, como en los propios jueces y magistrados en todos sus niveles.
Ante miembros de los Poderes judiciales federal y estatales, jueces y magistrados, el mandatario sostuvo que uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia.
Calderón Hinojosa reconoció que las tareas que llevan a cabo “no han sido, ni son fáciles”.
Expresó que está consciente de que algunos servidores públicos de los Poderes Judiciales han sido amenazados y agredidos por los criminales, y ofreció compartir información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas.
“No podemos ni debemos permitir que la delincuencia pretenda intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades; en un Estado de derecho, la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia”, destacó.
Mencionó que esta situación le indigna, al igual que a jueces y magistrados.
Por ello, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR) a trabajar en forma coordinada con el Consejo de la Judicatura Federal para mejorar la seguridad en la que se desenvuelven los jueces y magistrados y en general para garantizar la de quienes intervienen en un proceso penal.
El presidente Calderón pidió darle atención y prioridad a la reforma en materia de justicia penal aprobada en el Legislativo, a fin de evitar una aplicación indebida, que impida combatir en forma adecuada la impunidad.
En el Casino Militar del Campo Marte, el Ejecutivo federal sostuvo también que un “nombre clave” del enemigo en el sistema judicial es la impunidad, y consideró que “no debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que los criminales evadan la justicia”.
“Para extirpar este cáncer de la impunidad, se necesita no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino también revisar, actualizar y rediseñar si es necesario, nuestro marco legal”, aseveró.
Acompañado por el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; el titular de PGR, Arturo Chávez Chávez, y diversos funcionarios federales, Calderón Hinojosa subrayó que el proceso de combate a la inseguridad e impunidad debe contemplar la debida integración de la acción de las policías, de los ministerios públicos y de los jueces.
Recordó que el Ejecutivo federal propuso una iniciativa de reforma en materia de justicia penal, que fue aprobada con modificaciones por el Congreso de la Unión, con el cual México adoptará un sistema con juicios orales, procesos simplificados y transparentes, y protección a los derechos de las víctimas.
Destacó que esta reforma otorga a las autoridades más herramientas para combatir a la delincuencia, constituye la más profunda en décadas en el país, y será un instrumento invaluable para superar el reto que plantea la criminalidad en la actualidad.
Llamó a darle a este proyecto “la mayor atención y la mayor prioridad”, y consideró fundamental conocer la experiencia y la opinión de los juzgadores, a fin de evitar posibles errores en su aplicación o que una interpretación indebida de sus propósitos nos lleve a no combatir adecuadamente la impunidad.
Calderón Hinojosa destacó la importancia de que todos quienes están implicados en su aplicación y operación unan esfuerzos, interactúen y dialoguen más, para que este sistema pueda aplicarse plenamente y lo antes posible.
Reconoció que los Poderes Ejecutivo y Judicial han trabajado intensamente para dar cumplimiento a los plazos que la Constitución establece, y destacó que en menos de un año vence el término para que operen plenamente los jueces de ejecución de sentencias y “es imperativo que se tomen las medidas pertinentes para cumplir en tiempo y forma con tal mandato”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han trabajado en la difusión de las implicaciones del nuevo sistema de justicia penal y en la sensibilización a los servidores públicos para establecer ordenadamente la reforma Constitucional, expuso.
Pidió tener presente en el Ejecutivo y Judicial, que a pesar de que la división de Poderes les asigna tareas muy específicas, comparten el objetivo superior de que México sea verdaderamente un país de leyes, donde los criminales reciban el castigo que se merecen.
Dijo que la aplicación de la reforma representa nuevos retos para todos, por lo que es fundamental actuar con un claro sentido de corresponsabilidad, sin permitir que la delincuencia encuentre espacios para evadir la acción de la justicia.
“Debemos actuar y dialogar con otros actores, como el Legislativo, para corregir aquellas lagunas u omisiones que en la ley permitan precisamente generar mayores espacios de impunidad”, añadió.
Aclaró que el Ejecutivo seguirá actuando con firmeza y determinación en la lucha contra todas las expresiones de la delincuencia.