Carlos Moreno Alcántara adelantó que de los 42 espacios que conforman el Congreso local -25 de mayoría relativa y 17 de representación proporcional-, 13 podrían ser para el Partido Acción Nacional (PAN) e igual número para el Revolucionario Institucional (PRI).
Asimismo, 10 para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres para Convergencia, dos para el Partido del Trabajo (PT) y uno para el Partido local Unidad Popular (PUP).
De esta forma, en el próximo Congreso, ninguna fuerza política ostentará la mayoría absoluta, como ocurre en esta Legislatura que está por concluir, y en la que el PRI, contó con 25 diputados de mayoría relativa.
Durante el trabajo legislativo priista, de noviembre de 2007 a la fecha, dicho instituto político ejerció el poder de su mayoría para las votaciones en el Pleno, y sumó además los votos del PT en una alianza de facto.
Temas como las sanciones que debía determinar el Congreso local en contra del gobernador del estado por la violación a la Constitución federal durante el proceso electoral de 2007; la eliminación del pago de la tenencia vehicular y la auditoría a la deuda pública del estado que asciende a ocho mil millones de pesos, fueron frenados.
Asimismo, gracias al voto de sus 25 diputados, se aprobaron de manera permanente y sin una revisión exhaustiva las cuentas públicas estatales y los presupuestos de ingresos y egresos.
La mayoría priista ratificó a José Luis Echeverría Morales como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) y nombró a Lizbeth Caña Cadeza –ex procuradora de Justicia durante el conflicto social de 2006- como auditora superior del estado; entre otros temas que de acuerdo a la oposición, favorecieron al jefe del Ejecutivo.
En el tema de transparencia y acceso a la información, los legisladores del PRI aprobaron la ley que crea al instituto en la materia.
Sin embargo, durante la discusión en el Pleno, impusieron de último momento un noveno transitorio que sólo hacía sujetos obligados de dicha ley a los municipios que superaban los 70 mil habitantes.
Es decir, sólo cuatro de los 570 municipios del estado debían cumplir con esta disposición de transparentar sus recursos y garantizar el acceso a la información pública a la ciudadanía.
