En conferencia de prensa, el legislador de Morena detalló que se otorgaron contratos de hasta 2 mil 400 millones de pesos para el cumplimiento del Programa Integral de Aseguramiento de bienes Patrimoniales y de Personas de la Ciudad de México mediante una licitación restringida y no pública en donde resultaron seleccionadas: Seguros Banote, S. A. de C.V; Qualitas Compañía de Seguros S. A. de C.V.; Grupo Mexicanos de Seguros S.A de C.V y Atlas Seguros S. A de C.V.
Asimismo, señaló que el gobierno de la Ciudad de México obtuvo por parte de las aseguradoras la cantidad de 612 millones, 794 mil, 509 pesos, debido a que se pidió a los proveedores el 25 por ciento por adjudicación de contratos.
Indicó que la selección de las empresas aseguradoras se realizó bajo asesoramiento de la compañía Star- Reinsure Brokers, intermediario de Reaseguro, misma que ha sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento de contratos.
El también diputado por el Distrito XII, recordó que en septiembre de 2015, la Asociación Civil Justicia y Transparencia DF, que encabeza Fernando Jiménez Carrasco, denunció ante la Procuraduría General de la República al Oficial Mayor, Jorge Silva Morales, por irregularidades en las adjudicaciones de contratos para la adquisición de bienes y servicios para el gobierno capitalino.
En dicha denuncia, se destaca la licitación OM-DGRMSG-004-15 para la adquisición de 154 Camiones Recolectores de Basura por un monto de 434 millones 358 mil 972 pesos, la cual estuvo dirigida a una sola empresa “Camiones , Repuestos y Accesorios S.A. de C.V”.
También se señala la adquisición de vales de despensa con la empresa Si Vale de México S.A. de C.V, a la que se le adjudicó un contrato por más de dos mil 700 millones de pesos y mediante cuatro convenios modificatorios se le pagaron 48 millones adicionales; así como la compra de harware, software y servicios informáticos en los que también, mediante este tipo de convenios, se pagó a la empresa Coordinación de Servicios en Informática casi el doble de lo que se había contratado inicialmente.
“Nuevamente nos enfrentamos a un acto de corrupción y violación de la Ley de Adquisiciones, así como a la de Transparencia y Rendición de Cuentas; nos enfrentamos a un funcionario público que continúa realizando las mismas prácticas que se realizaban con el anterior Oficial Mayor, Edgar Armando González Rojas, quien fue acusado de corrupción por la adqusición de llantas y toners a precisos excesivos y fue retirado de su cargo en octubre de 2014”, destacó.
Por lo anterior, Suárez del Real y Aguilera destacó la urgencia de que José Silva Morales explique y justifique los contratos otorgados para el Programa Integral de Aseguramiento de bienes Patrimoniales y la importancia de solicitar su destitución inmediata en caso de comprobarse su responsabilidad ante dichos actos.