La filtración este mes de un borrador de sentencia del Supremo que revocaría la protección constitucional al derecho a abortar en EE.UU. ha imprimido un sentido de urgencia a las operaciones de esos centros de salud, que en muchos casos llevan años preparándose para una decisión de ese tipo.
"Sabíamos que podía llegar el día en que el aborto seguro y legal quedaría diezmado en nuestro país, y ahora estamos ante esa realidad", dijo a Efe la presidenta regional de la organización Planned Parenthood en cinco estados del norte del país, Sarah Stoesz.
Si el Supremo deroga el precedente que legalizó el aborto a nivel nacional en 1973, cada estado será libre de prohibir o garantizar ese servicio médico, y se espera que 26 estados liderados por conservadores restrinjan la interrupción voluntaria del embarazo.
Trece estados tienen incluso leyes diseñadas para prohibir el aborto prácticamente de inmediato en cuanto el Supremo revoque el fallo de 1973, conocido como "Roe versus Wade" y que garantiza ese derecho hasta alrededor de las 23 semanas de gestación.
SIN SABER CUÁNDO LLEGARÁ EL FALLO
La situación es especialmente delicada en estados como Dakota del Sur, donde queda una única clínica que practique abortos y ese servicio médico quedará prohibido en todos los casos -excepto el de riesgo extremo para la vida de la persona gestante- en cuanto el Supremo emita su decisión.
"Nuestras puertas están abiertas y permanecerán abiertas todos los días para proporcionar servicios de aborto, durante todo el tiempo que sea legalmente posible", recalcó Stoesz, de cuya organización depende esa última clínica que queda en Dakota del Sur.
Se espera que la decisión definitiva del Supremo llegue antes de que acabe junio, pero la imposibilidad de prever cuándo se producirá exactamente ese fallo es una fuente de estrés para muchos centros.
"En el momento en que escuchemos al Tribunal Supremo decir que 'Roe versus Wade' ya no está en vigor, tenemos que parar literalmente todos los abortos o podríamos meternos en problemas legales", explicó Robin Marty en una entrevista reciente con la cadena local WVTM13.
Marty es directora de operaciones en una de las tres clínicas que aún ofrecen servicios de aborto en Alabama, donde es probable que, tras el fallo del Supremo, entre en vigor un veto casi total que expondría a quienes practiquen interrupciones voluntarias del embarazo a penas de hasta 99 años de cárcel.
REINVENTARSE, DESPLAZARSE... O CERRAR
En un artículo reciente, Marty subrayó que su clínica -West Alabama Women's Center- no cerrará si tiene que dejar de practicar abortos, y detalló su plan para convertirla en un centro que apoye el ejercicio de los derechos reproductivos y "rellene los huecos" en la atención médica a personas de escasos recursos.
"Cuando el aborto sea ilegal, las pacientes gestionarán su propio cuidado (de aborto) y necesitarán un lugar seguro en el que obtener seguimiento médico sin miedo a que las denuncien a la policía", escribió Marty en la revista Time.
Los planes son diferentes en Misisipi, donde solo queda una clínica que practica abortos y hay una ley que prohibiría esa práctica de inmediato si el Supremo acaba con "Roe versus Wade".
"Hemos decidido abrir unas instalaciones nuevas en Nuevo México, (un estado donde el derecho al aborto está protegido)", aseguró la directora de la última clínica de Misisipi, Shannon Brewer, al diario The Washington Post.
Nuevo México es uno de los estados adonde se han desplazado cientos de pacientes de Texas desde septiembre pasado, cuando entró en vigor un veto casi total al aborto en ese territorio, y ahora recibe también a algunas de Oklahoma, donde rige una prohibición idéntica desde este mes.
"La misma pregunta que nos están haciendo nuestros pacientes una y otra vez -'¿por qué tengo menos derechos que mis vecinos?'- pronto será una realidad a nivel nacional", lamentó en declaraciones a Efe la responsable de Planned Parenthood en Oklahoma, Misuri, Kansas y Arkansas, Emily Whales.
DE TEXAS A CONNECTICUT
Planned Parenthood opera la principal red de centros de salud sexual y reproductiva de EE.UU., y se espera que sus clínicas sigan abiertas para proporcionar otros servicios tras el fallo del Supremo, pero otras que solo practican abortos tendrán que cerrar o reinventarse.
Esa batalla por sobrevivir no es nueva: con casi 500 restricciones al aborto aprobadas en estados conservadores en la última década, ya hace mucho que las clínicas que practican abortos se convirtieron en una rareza en parte del sur y el medio oeste del país.
Miles de mujeres deben recorrer cada año distancias enormes para poder abortar, y los estados donde ese derecho está protegido han recibido un enorme flujo de pacientes desde Texas en los últimos meses, en un preludio de lo que está por venir tras el fallo del Supremo.
"Estamos haciendo todo lo que podemos, como expandir nuestros horarios, para asegurarnos de proporcionar cuidados seguros y de gran calidad a todos los pacientes que llegan", aseguró a Efe Amanda Skinner, responsable de Planned Parenthood en Connecticut, que planea reformar sus leyes para expandir el derecho al aborto.