El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron los recientes actos de violencia en México y Bolivia e instaron a las autoridades de ambos países a "profundizar sus investigaciones, señalar y juzgar a todos los involucrados en estos hechos".
En México, Alfredo Cardoso Echeverría, fotoperiodista y administrador en Facebook de la página Dos Costas de Guerrero Periodismo Plural, murió el 31 de octubre a causa de las lesiones provocadas por al menos cinco disparos.
Dos días antes, Cardoso había sido secuestrado por sujetos encapuchados que irrumpieron en su vivienda y amenazaron a su familia. El periodista fue hallado con vida ese día y trasladado de urgencia al hospital donde falleció.
El ataque ocurrió en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. La semana pasada también fue asesinado en el estado de Chiapas el periodista Fredy López Arévalo, señaló la SIP en un comunicado.
En Bolivia, el pasado 28 de octubre siete periodistas de varios medios de comunicación, además de policías y civiles, fueron agredidos, secuestrados y torturados por una veintena de encapuchados que portaban armas largas, mientras cubrían una denuncia sobre la toma de tierras en una comunidad de la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.
La reportera Silvia Gómez, del canal Unitel, dijo que los atacantes los emboscaron y dispararon contra sus cámaras y vehículos.
El camarógrafo Percy Suárez, de la televisora ATB, relató: "Nos llevaron a su campamento, nos pusieron boca abajo" y "empezó la tortura, golpes, patadas. Caminaban por encima de nosotros".
Todos ellos fueron liberados siete horas después.
Canahuati y Jornet indicaron que la SIP viene observando con gran preocupación un aumento en los niveles de hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y asesinatos contra periodistas, hechos que "profundizan la peligrosidad y asfixia del ejercicio del periodismo en varios países de las Américas".
En su reciente Asamblea General, la SIP identificó ataques y amenazas contra periodistas en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Este año fueron asesinados siete periodistas en México y uno, respectivamente, en Brasil, Colombia, Ecuador y Haití.