Según la información difundida este viernes por el CLF, la demanda fue presentada este jueves en la corte de distrito de Denver e incluye como codemandantes al Centro de Diversidad Biológica (en Colorado) y al Sierra Club.
El CLF se involucró en la acción contra la División de Control de Contaminación del Aire debido a que el permiso recientemente emitido autoriza a las empresas petroleras a realizar operaciones cerca o en populosos vecindarios hispanos en el norte de Denver y en las ciudades de Commerce City (suburbio de Denver) y Greeley (norte del estado).
Estudios en años anteriores ya demostraron que en esas zonas, en las que ya operan las petroleras, el nivel de contaminación del aire supera desde 2005 al promedio estatal.
Y un estudio de abril de 2020 realizado por la Universidad Cambridge (y citado en la demanda) encontró que "el aire contaminado aumenta la posibilidad de que las personas se enfermen o mueran por la covid-19"
"Un elemento central para asegurarnos de que haya justicia ambiental en Colorado es un proceso de participación pública robusto e inclusivo", expresó en declaraciones preparadas Ean Thomas Tafoya, copresidente del CLF.
"El hecho de que por el nuevo permiso general las operaciones individuales de gas natural y petróleo pueden llevarse a cabo en el patio trasero de las personas sin que esas personas tengan ningún poder de decisión contradice directamente cualquier esperanza de obtener justicia ambiental", agregó.
El problema de refinerías y de pozos de petróleo cerca o en barrios latinos en Colorado es de larga data, aunque recientes leyes habían comenzado a inclinar la balanza a favor de los hispanos.
Por ejemplo, en marzo de 2020, la empresa Sunco pagó 9 millones de dólares en multas por contaminar el aire en zonas de Denver con un 60 al 85 % de hispanos.
Y en junio pasado, la compañía Extraction Oil and Gas (EOG) finalmente cerró los 11 pozos que tenía a menos de 400 metros de una escuela con casi un 90 % de alumnado hispano. EOG luego se declaró en bancarrota.
Pero el nuevo permiso, argumenta la demanda, autorizaría "potencialmente miles de nuevos pozos en todo el estado", incluyendo áreas muy cercanas al Parque Nacional Rocky Mountain, no solamente sin participación del público, sino también sin que se exija, como sucedía antes, la constante vigilancia de la contaminación emitida por esos pozos.
La demanda pide que el juez a cargo del caso declare el permiso "contrario a las leyes vigentes" y que requiera que los nuevos permisos que otorgue la División de Control de Contaminación del Aire de Colorado incluyan pruebas de aire, análisis y reportes para verificar que la contaminación se mantiene dentro de los límites establecidos por el gobierno federal.