La decisión de la juez del Distrito Sur de Texas Vanessa Gilmore beneficia también a un estadounidesne, Tommy Lynn Sells, que iba a ser ejecutado mañana mismo.
La defensa de ambos condenados había solicitado la paralización de la sentencia argumentando que Texas cambió este mes de de proveedor de pentobarbital, usado en la inyección letal con la que este estado norteamericano ejecuta las sentencias a muerte, sin revelar el origen del nuevo lote de este producto.
Ello causa dudas acerca de la "eficacia y potencia" del nuevo lote y, por ende, sobre cómo puede afectar al proceso de ejecución del condenado, afirmaron los abogados de Sells y Hernández durante la vista, un argumento que finalmente fue aceptado por la magistrada. Ésta ordenó por tanto que Texas entregue a la defensa toda la información sobre el origen de los compuestos químicos que se usarán para la inyección letal, "incluida información sobre el proveedor o proveedores, cualquier test que se haya realizado, de qué tipo y por quién, así como los resultados de dichas pruebas", reza su fallo.
No está claro cuánto tiempo podrá ser detenida de esta forma la ejecución de Hernández, cuya inminente condena a muerte ha vuelto a provocar las protesas de México, puesto que el reo es uno de los incluidos en el "fallo Avena".
En dicho caso, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó en 2004 a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte por considerar probado que se violó su derecho a asistencia consular garantizado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Ya en enero, México y organismos internacionales, al igual que el propio gobierno federal estadounidense, trataron infructuosamente de convencer a Texas para que no llevara a cabo la ejecución de otro de los beneficiarios del "fallo Avena", Edgar Tamayo Arias, quien fue finalmente ejecutado el 22 de enero después de que su defensa agotara todos los recursos.
De cara a la nueva ejecución de un mexicano del "fallo Avena", el gobierno de Enrique Peña Nieto ha vuelto a presionar a Texas para que suspenda la sentencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) pidió en marzo hoy al gobierno de Texas que suspenda la pena de muerte decretada contra Hernández Llanas y que se le conmute la sentencia por otra de prisión. Además, según medios locales, en los pasados días la Cancillería mexicana se dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denunciando la violación por parte de Estados Unidos de los fallos de la CIJ relacionados con condenados mexicanos. (DPA)