La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, advirtió que pese a que las condiciones de trabajo no son óptimas para los menores, no se establecen penas y multas claras contra quienes los emplean y explotan.
En un análisis sobre la situación de los niños que trabajan en el país, señaló que debido a lo anterior la firma de tratados y convenios contra el trabajo infantil es infructuosa y queda en calidad de “letra muerta”.
Dicho órgano indicó que las entidades de la República con mayor número de personas de entre cinco y 17 años que trabajan son el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal.
De los más de tres millones de infantes que realizan trabajo de algún tipo en México y en condiciones inadecuadas, 1.2 millones -lo que equivale a 39 por ciento- no van a la escuela.
El documento titulado “Trabajo Infantil en México. Análisis Conceptual, Marco Jurídico, Antecedentes Internacionales, Derecho Comparado y Opiniones Especializadas”, contiene datos del Módulo de Trabajo Infantil INEGI-Secretaría del Trabajo 2011.
De acuerdo con dicha información, del total de niños 5.5 por ciento se desempeña en un lugar inadecuado, 28 por ciento bajo distintos riesgos, 28 por ciento labora durante más de 15 horas y 31.5 por ciento durante periodos mayores a 35 horas semanales.
Expuso que el trabajo infantil en condiciones anómalas, genera secuelas e impactos a mediano y largo plazo, como daño físico y psicológico, por tratarse de una actividad no natural para un niño o niña.
Es así que el trabajo en menores de edad representa un problema social ligado a la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, desempleo, desintegración familiar y la descomposición social; sin embargo, dicha actividad es cada vez más común.
En este sentido, externó que el fenómeno podrá revertirse, a partir de la definición de las causas que lo provocan, pero en términos reales, cuando se reconozca el derecho de los niños a no verse obligados a trabajar, y en caso necesario que la actividad sea digna, les permita continuar sus estudios sin sufrir explotación ni maltrato.
Además, consideró contar con políticas públicas integrales en los tres niveles de gobierno, dedicadas a reducir la pobreza de la población, por ser esta una de las principales causas del trabajo infantil.
El organismo recordó que en marzo pasado, los diputados federales aprobaron aumentar la edad legal para el trabajo infantil, de 14 a 15 años; no obstante, hace falta que los gobiernos apliquen la norma.
Recalcó que el país ha firmado una serie de instrumentos internacionales a favor de los derechos de los niños, incluyendo el de no obligarlos a trabajar.
Empero, sin la debida aplicación de la ley “se puede deducir que esto es letra muerta si no se establecen penas y multas como ya sucede en el Distrito Federal, donde ya ha sido creado un tipo penal para quien ponga a trabajar a un niño, situación que no sucede en ningún estado del país”.
