Los presuntos culpables de la mayor tragedia infantil que se haya presentado en México, han sido señalados en demandas de tipo penal y civil que han derivado en investigaciones de autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, pero nadie está preso.
Las familias de los niños que murieron y los que quedaron con vida, pero sumamente afectados en su salud física y emocional, han pedido a lo largo de este año, a través de diversas formas, cárcel y castigo para los culpables, pero la justicia no ha llegado.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación tres semanas después de ocurrido el incendio el 5 de junio pasado en la estancia infantil subrogada por IMSS y ha consignado a más de 20 personas, pero nadie está en la cárcel.
Los inculpados por la tragedia se han amparado y han pagado millonarias fianzas para seguir libres, lo mismo los dueños de la guardería, ligados con el poder político y económico de la región, como ex empleados y empleados de los tres niveles de gobierno.
A lo largo de estos 12 meses han habido promesas, reuniones, investigaciones, señalamientos, recomendaciones, declaraciones, manifestaciones y hasta uso político en torno al caso ABC, sin embargo, las cosas se encuentran como al principio.
Un corto circuito en un aparato enfriador de aire, de acuerdo con peritajes, generó el incendio a las 14:45 horas del 5 de junio de 2009 en una bodega alquilada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal, contigua al centro de cuidado de infantes.
En 20 minutos las llamas se propagaron a la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que operaba en la bodega adaptada como centro de cuidado infantil, cuyo techo era de poliuretano, material altamente tóxico.
En naves industriales que compartían la pared, que antes albergaron a una maquiladora de ropa, resguardaban las instalaciones de la bodega del gobierno estatal y la guardería, que inició operaciones en 2001 con la anuencia del IMSS y otras autoridades.
Al momento del incendio en la guardería ABC permanecían 176 menores desde tres meses hasta cuatro años de edad, y la mayoría dormía la siesta, en espera de sus padres, cuando las llamas los sorprendieron.
En el siniestro y en las 24 horas posteriores murieron 38 niños, pero en el transcurso de los días los que habían resultado gravemente heridos fallecieron, y fue el 28 de julio cuando se registró el último deceso a consecuencia de estos hechos.
En tanto, 75 niñas y niños que sobrevivieron con lesiones y quemaduras de diversos grados en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cara, brazos y piernas, resultaron con sus sistemas respiratorios dañados por el humo tóxico que aspiraron.
Los niños sobrevivientes, aunque algunos no presenten afectaciones físicas, padecen graves problemas de salud en el cerebro, por falta de oxígeno, dermatitis y daños en los pulmones, entre otros.
Especialistas en sicología, que han tenido contacto con los menores que sobrevivieron al incendio, señalaron que los pequeños tendrán secuelas de por vida y que algunos infantes no están aptos para llevar una vida social con tranquilidad.
Tras el incendio en la guardería ABC, que por su magnitud e impacto dio la vuelta al mundo, se han presentado diversos acontecimientos en torno al tema, sin embargo, el estado de las cosas continúa sin modificaciones y no hay culpables.
Durante 12 meses, familiares de las víctimas han realizado 15 marchas en Hermosillo y la capital del país, con el apoyo de miles de ciudadanos, una huelga de hambre y dos juicios ciudadanos contra los socios y funcionarios estatales y municipales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conformó una comisión especial para investigar la presunta violación de los derechos humanos de los menores y los trabajadores de la guardería ABC, pero no ha emitido una resolución al respecto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó los hechos y emitió la recomendación 49/2009 que incluyó 10 puntos recomendatorios al IMSS, cuatro para el gobierno del estado de Sonora y cinco a la administración municipal de Hermosillo.
De eso derivó que la Secretaría de la Contraloría General del gobierno estatal iniciara un proceso en contra de siete ex funcionarios y funcionarios, por su presunta responsabilidad administrativa en el caso de la guardería ABC.
El pasado 30 de abril, el presidente Felipe Calderón Hinojosa recibió en Los Pinos a un grupo de familiares de víctimas del incendio en la guardería agrupados en ''Manos Unidas'' y comprometió su apoyo para los afectados por el siniestro.
Por su parte, los integrantes del ''Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio'', quienes han encabezado manifestaciones de todo tipo para pedir justicia por la muerte de los 49 menores, han exigido la presencia del presidente en Hermosillo para tratar el tema.
No obstante la división que se ha originado entre los dolientes de la tragedia, la exigencia de justicia y el castigo para los culpables es el común denominador entre las familias afectadas por la tragedia.
El 12 de mayo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró en Hermosillo que la negligencia y la indolencia del aparato burocrático estatal, entonces encabezado por el ex gobernador Eduardo Bours Castelo, ocasionó la tragedia.
En conferencia de prensa, ofrecida por el funcionario federal, acompañado por el gobernador Guillermo Padrés Elías -quien se ha dicho, se benefició con la tragedia y ganó la elección el año pasado- expresó que el siniestro pudo ser intencional.
Padrés Elías, primer gobernador emanado del PAN en Sonora, ofreció a los padres de familia crear una fiscalía especial para investigar los delitos del fuero común derivados del incendio y resaltó que en este tema, no se ha hecho lo suficiente.
En diciembre de 2009, el director general del IMSS, Daniel Karam, estuvo en Hermosillo para reunirse por primera vez con todos los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC y acordó con ellos varios puntos.
Entre los acuerdos destacan la disposición para los padres de los expedientes clínicos de sus hijos y que el IMSS realizaría simulacros de evacuación en las estancias infantiles subrogadas, incluso en la hora de descanso.
Asimismo, se comprometió a informar de manera permanente de las acciones orientadas a garantizar la seguridad de las guarderías en todo el país y a apoyar, junto con el gobierno del estado, a las madres que no pudieron retomar su vida laboral.
Además, en esta visita se anunció la conformación de un nuevo fideicomiso por 125 millones de pesos para brindar apoyo vitalicio a todos los menores, tanto a los que resultaron gravemente lesionados como a los padres y madres que perdieron a sus hijos.
Han transcurrido casi 12 meses de la peor tragedia infantil de la que se tenga memoria en el país y los padres de los pequeños, en medio de su dolor por la ausencia de sus hijos, demandan un castigo ejemplar para los culpables, quienes continúan libres.
