Durante su participación en la segunda mesa del foro 'Retos para la consolidación del derecho de acceso a la información', en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoció sin embargo que existe un problema del cual 'nos tenemos que hacer cargo'.
Explicó que la Segob y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) trabajan en resolver qué pasa cuando un funcionario está obligado por una resolución del organismo a entregar, por ejemplo, documentación que otra disposición gubernamental le impide.
'Ahí hay un problema empírico concreto, que ha de resolverse de alguna manera. La posición de la Segob es que reconoce que hay este problema y que tenemos que encontrar una manera de resolverlo, sin vulnerar en absoluto la autoridad y el carácter definitivo de las sentencias del IFAI', expuso.
En su ponencia, la funcionaria destacó que las normas en abstracto son muy importantes pero quedan sólo en buenas intenciones, sin instituciones que las hagan valer para los ciudadanos concretos, que no saben derecho o que no pueden contratar abogados.
Por ello, se pronunció porque los órganos relacionados con el acceso a la información adquieran un carácter que los dote de mayor autonomía.
Advirtió que todo lo conseguido sobre derechos, información y género hay que defenderlo todo el tiempo y tratar de ampliarlos, así como garantizar su cumplimiento y 'sobre todo darle posibilidad a los ciudadanos para que ejerzan ese derecho a cabalidad y plenitud'.
Por otra parte, sugirió crear un sistema de incentivos, con el cual los funcionarios y los actores encargados de cumplir desde el poder público, 'paguen costos por no cumplir esas disposiciones'.
El acceso a la información, destacó, es poder para los ciudadanos, es poder abrir la caja negra, es saber qué ocurre en el gobierno, cómo se gastan los recursos.
En su oportunidad, la consejera Jurídica del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, indicó que este derecho debe ser estar necesariamente garantizado.
'El derecho tiene que tener, para su ejercicio, garantías de carácter social, político, económico y jurídico', comentó la funcionaria del gobierno capitalino.
Alertó que en muchos estados no sólo no existe el interés político de garantizar un buen ejercicio del órgano dedicado a la transparencia, sino que, por el contrario, está la intención de verlo como un apéndice más de la administración pública.